Ineficaz investigación criminal del MP, causa de impunidad, dice Ejecutivo
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el Estado falla en garantizar acceso a la justicia por lo que este miércoles se presentará al Senado una reforma constitucional
El Ejecutivo federal reconoce que "La impartición de justicia no ha dado los resultados esperados ", y por ello planea una reforma al sistema de Justicia Penal que preserva el arraigo y crea la figura de jueces y magistrados especializados en materia de responsabilidad penal.
La mañana de este miércoles, en reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, será presentada la reforma de Justicia Penal.
En lo que se refiere a cambios a la Constitución, que modificaría 14 artículos, la iniciativa expone que "la estimación legal y el sistema de seguridad de procuración e impartición de justicia están rezagados".
En su exposición de motivos explica que hay "ineficiencia de los sistemas y procedimientos de investigación criminal, a cargo del Ministerio Público y la Policía a su mando".
Faltan también "condiciones óptimas para que las víctimas de los delitos puedan denunciar".
Estas situaciones, subraya, "han permitido la continuidad de la impunidad y denotan una falla por parte del Estado para garantizar el acceso a la justicia que tanto reclama la sociedad".
De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, en la Constitución se daría facultad al Senado para designar a los jueces y magistrados de los Juzgados y Tribunales Especializados en Materia de Responsabilidad Penal, que durarían nueve años en el cargo.
De igual forma, la Cámara Alta tendrá la facultad de encargarse de la vigilancia y disciplina de estos jueces y magistrados, si bien estas autoridades jurisdiccionales serán administradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se propone que el arraigo de 40 horas, no sea extendido, en modo alguno, y se indica que un indiciado pueda ser retenido por el Ministerio Público hasta por 48 horas.
En casos de persecución de delitos de delincuencia organizada y cuya complejidad lo justifique, el plazo de 48 horas podrá duplicarse.
La Constitución permitiría "la intervención de cualquier comunicación privada", autorizada por la autoridad Judicial federal, a petición del Ministerio Público.
Toca al sistema penitenciario, el cual, indica, "se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad".
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