Ante las denuncias de abusos, explotación laboral y condiciones de trabajo extremas hacia los jornaleros agrícolas mexicanos que laboran en Canadá, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y del Trabajo y Previsión Social a revisar dicha situación y proteger los derechos de los connacionales.
En un punto de acuerdo aprobado y turnado a ambas dependencias se solicita que en el ámbito de sus atribuciones continúen fortaleciendo la difusión y promoción de los derechos de las personas mexicanas que participan en el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales en Canadá (PTAT).
Se subraya que “diversos organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y testimonios directos han evidenciado que dicho programa, en su diseño y operación actual, reproduce condiciones estructurales que vulneran los derechos humanos y laborales de las y los participantes, colocándolos en situaciones de dependencia, riesgo y explotación”.

Además, la mayoría de los trabajadores laboran en zonas rurales remotas, sin transporte público ni alternativas de movilidad, por lo que el acceso a compras, salud, comunicación o traslado depende frecuentemente del propio empleador, limitando su libertad de movimiento y dificultando el acceso a autoridades consulares o a apoyo legal resultando en un aislamiento geográfico y dependencia cotidiana.
Senadores y diputados de todas las bancadas expusieron que organizaciones y activistas han señalado que, “sin mecanismos binacionales vinculantes, los actos de abuso continúan en un contexto de impunidad”.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores el programa pasó de enviar 203 trabajadores en 1974 a más de 145 mil trabajadores agrícolas colocados entre 2019 y junio de 2024.
Esta cifra refleja la magnitud e impacto social del programa, pero también la necesidad de reforzar los mecanismos de protección y supervisión consular.
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