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Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, abordó el alojamiento de su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, en la embajada de México en Reino Unido entre 2021 y 2022, caso dado a conocer por el periodista Claudio Ochoa Huerta en su columna “Los huéspedes VIP de la embajada de Londres” por EL UNIVERSAL.
El funcionario reconoció que su hijo permaneció aproximadamente seis meses en la sede diplomática por motivos de estudio y explicó que, aunque buscaba extender su estancia en Londres, regresó a México. Asimismo, sostuvo que no existió abuso ni uso indebido de recursos públicos.
Tras la revelación, surgieron señalamientos sobre un posible delito de peculado; sin embargo, no existe aún una determinación oficial al respecto.
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En entrevista con El Gran Diario de México, el especialista Ibrain Hernández consideró que, más que un delito como el peculado, el caso podría encuadrarse, en su opinión, en un posible abuso de poder o una falta administrativa, lo cual dependería de que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes.
"Afirmar que se cometió peculado necesita un abordaje mucho más jurídico. Habría que acreditar diferentes aspectos clave, como si el empleo de la embajada de México en Reino Unido estaba permitido a partir de la normativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o si existió un costo para el erario", comentó.
En su columna, Claudio Ochoa Huerta sostuvo que el hijo de Marcelo Ebrard no solo contó con hospedaje durante su estancia por estudios de maestría, sino también con servicios de la residencia como limpieza, lavado y planchado de ropa, así como preparación de alimentos, lo que calificó como nepotismo o posible uso de recursos públicos en favor de un particular.
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El periodista agregó que, tras consultar al equipo del ahora secretario de Economía, se le informó que el alojamiento de Marcelo Patrick Ebrard Ramos ocurrió por invitación de la entonces embajadora Josefa González Blanco, lo que —a su juicio— desplaza el análisis hacia el ámbito de responsabilidades.
Ibrain Hernández apunta a faltas administrativas más que a delito
En ese sentido, el especialista Ibrain Hernández apuntó que más allá del delito de peculado, el caso podría encuadrarse en faltas administrativas previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, relacionadas con conductas indebidas de servidores públicos o particulares vinculados con actos de corrupción. “Más allá del peculado, considero que se trataría de una falta administrativa”, afirmó.
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Asimismo, señaló que podría existir un abuso de poder si se utilizó el cargo público para otorgar una ventaja indebida, lo que también implicaría un posible conflicto de interés desde el punto de vista ético. “Cualquier otro ciudadano que quisiera estudiar en el extranjero no tendría esas facilidades”, subrayó.
Finalmente, consideró necesario que se realice una investigación para esclarecer si hubo uso de recursos públicos y transparentar la información sobre el caso. “Esa es mi opinión al respecto”, concluyó.
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