El paquete “Acciones Inmediatas para la Inversión” del Gobierno Federal, integrado por medidas de seis secretarías, está pensado —igual que el Plan México en el que se enmarca— para corporaciones y multinacionales. Su prioridad es atraer inversión extranjera directa (IED). No está dirigido al 99% de los 5.4 millones de unidades económicas que operan en el país.
En la urgencia por reactivar la inversión, tampoco existe algo equivalente, en planeación o incentivos, para las micro, pequeñas y medianas empresas. A pesar de generar más del 70% del empleo y aportar alrededor de la mitad del PIB nacional, siguen sin ocupar un lugar prioritario en la estrategia económica del país.
Más aún: ni siquiera existe un plan integral para las micro y pequeñas empresas, cuyas diferencias entre sí —y todavía más respecto a las medianas— son enormes, tanto en tamaño como en necesidades de desarrollo. Se suele olvidar algo elemental: las MiPyMEs no son un bloque homogéneo. Y esa omisión limita severamente las estrategias de desarrollo empresarial y la política económica en general.
De acuerdo con datos del Inegi, más del 95% de las empresas en México son microempresas, con entre cero y 10 trabajadores; las pequeñas, con entre 11 y 50 colaboradores, representan menos del 4%; las medianas, con hasta 250 empleados, apenas equivalen al 0.8% del total. Grandes empresas hay relativamente pocas: probablemente no más de 10 mil en todo el país.
Lo que México necesita es multiplicar y fortalecer su tejido empresarial: que nazcan más microempresas, que más de ellas sobrevivan y logren crecer hacia pequeñas, medianas y grandes. Si ese proceso evolutivo funcionara correctamente, aumentarían la inversión, la productividad y los empleos de calidad.
El problema del bajo crecimiento económico en México —que en los últimos años ya se acerca peligrosamente al estancamiento— tiene mucho que ver con una especie de esclerosis en esa evolución del ecosistema empresarial.
Nuestros gobiernos parecen asumir que, para reactivar la inversión privada y generar crecimiento, basta con ofrecer más incentivos y facilidades a las multinacionales y a la IED, hoy inhibidas por la incertidumbre alrededor de la revisión del T-MEC y por el deterioro de la certeza jurídica y el entorno de negocios en el país. Esa estrategia tiene lógica, pero resulta insuficiente si continúa ignorando a las MiPyMEs.
El estancamiento económico que hoy enfrenta México probablemente tenga más relación con los problemas que viven millones de negocios “abajo” que con las dificultades del 1% de las empresas que están “arriba”.
En materia de formación de capital físico, mientras la IED aporta regularmente alrededor del 8%, cerca del 40% proviene de las MiPyMEs. ¿Cómo esperar entonces una reactivación vigorosa si el 65% de estos negocios no está bancarizado, el 90% de sus solicitudes de crédito son rechazadas y cada vez más terminan orillados a la informalidad?
México acumula ya 33 meses consecutivos de caídas interanuales en el registro patronal del IMSS. El dato no debería sorprendernos, pero sí obligarnos a actuar. Según investigaciones del BID, el costo del empleo formal prácticamente se ha duplicado en la última década debido al aumento del salario mínimo y a reformas como las de pensiones y vacaciones. Ahora se suma el impacto de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
Las MiPyMEs no cuentan con los recursos financieros ni técnicos que sí tienen las grandes empresas para absorber aumentos tan fuertes en sus costos operativos. No es casualidad que, según Concanaco Servytur, el 67% opere en la informalidad, alimentando un círculo vicioso de baja profesionalización, falta de financiamiento y escaso crecimiento.
Si grandes corporaciones multinacionales han denunciado extorsiones en trámites o auditorías arbitrarias, vale la pena imaginar la indefensión en la que operan miles de pequeñas empresas. A eso se suman el robo de mercancías y el cobro de piso por parte de grupos criminales que ya participan activamente en actividades comerciales. Cinco de cada 10 empresas afiliadas a COPARMEX han sido víctimas de al menos un delito.
En estas condiciones, no sorprende que cerca del 70% de los negocios que se abren en México desaparezcan en sus primeros dos años de vida. Muchos sobreviven únicamente gracias al esfuerzo de empresarios que hacen auténticos prodigios con trabajo, versatilidad y compromiso.
Durante el sexenio pasado desapareció el Inadem, el organismo creado precisamente para apoyar a este sector. Desde entonces, México carece de una estrategia seria y articulada para acompañar a la enorme mayoría de sus empresas.
Peor aún: en lugar de facilitarles el camino, cada vez se les imponen más costos, más cargas regulatorias y mayores presiones, tanto desde la burocracia como desde la delincuencia. El caso de Culiacán es ilustrativo: en apenas 20 meses, la violencia ha provocado el cierre de casi 3 mil negocios y la pérdida de alrededor de 25 mil empleos.
México necesita con urgencia una política integral para las MiPyMEs. El Gobierno Federal y el sector privado deben asumirlo como una prioridad nacional. #OpinionCoparmex