En el Órgano de Administración Judicial (OAJ), donde también se pregona la austeridad, iniciaron el año estrenando 571 vehículos de diversos tipos que adquirieron por un monto de 252 millones de pesos, en el último trimestre de 2025.
Luego de las críticas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por sus nueve camionetas de lujo, el Órgano emitió anoche un comunicado en el justificó la compra de los automóviles al señalar que se trató de la renovación del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación (PJF), que presentaba fallas recurrentes, alto consumo de combustible y largo tiempo en talles.
Aseguró que la inversión realizada y sustentada en criterios técnicos, de seguridad, financieros y operativos, equivale al 68.8% del costo de un solo año de arrendamiento, e implica un ahorro estimado de mil 098 millones de pesos en los años 2026 al 2028.

La institución argumentó que a diferencia del extinto Consejo de la Judicatura Federal y del entonces Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la anterior Suprema Corte, se optó por un esquema de compra y no de arrendamiento, ya que la renta de las unidades les habría implicado un gasto de 336.2 millones de pesos por año, con contratos de al menos tres años de vigencia.
“Ante este escenario, se optó por una inversión de 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para la adquisición de 571 vehículos de distintos tipos, que cubrirán a partir de 2026 las necesidades de movilidad del OAJ, la SCJN y el TEPJF”, refirió.
Además, aseguró que la compra les genera ahorros adicionales, pues de los 571 vehículos, 124 son híbridos o eléctricos, lo que, según el Órgano encabezado por el magistrado Néstor Vargas Solano, permitirá reducir aproximadamente en un 30% el gasto en combustible, además de disminuir el impacto ambiental.
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“Asimismo, los costos de mantenimiento se reducirán en al menos un 70% en comparación con los modelos anteriores que presentaba fallas recurrentes, altos consumos de combustible y largos tiempos de espera en talleres, lo que afectaba la operación cotidiana”.
“Adicionalmente, la adquisición permite que los vehículos puedan enajenarse a valor de mercado al concluir su vida útil y no como chatarra, como ocurría bajo el modelo de arrendamiento anterior donde los vehículos regresaban al arrendador sin generar ningún beneficio adicional.”, expuso.
Indicó que desde la integración del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), una de las prioridades ha sido la reducción del gasto público y el uso más eficiente de los recursos.
“Como parte de este ejercicio, el Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) ha adoptado medidas concretas de racionalización del gasto, incluyendo homologaciones salariales y la eliminación de prestaciones injustificadas y no relacionadas con la labor institucional para los niveles superiores”, aseveró.
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