La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) informó que el pago del aguinaldo debió ser antes del 20 de diciembre, y como una prestación laboral debe pagarse en efectivo, con cheque, depósito o transferencia bancaria.
En un comunicado, explicó que de acuerdo con el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) el aguinaldo es un pago equivalente, como mínimo, a 15 días de salario. Sin embargo, de acuerdo con el empleador e incluso al contrato de trabajo esta prestación puede ser mayor.
Para atender dudas, asesorar y defender este derecho de los trabajadores, la Profedet cuenta con servicios gratuitos, para lo cual hay acudir a la oficina central ubicada en Avenida Dr. José María Vértiz 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. En los estados del país también hay atención gratuita: bit.ly/OFICINAPROFEDET.
La institución cuenta también con el Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales (CISSEL), mediante el número telefónico 079, línea del Gobierno de México.
Aquellas personas trabajadoras que no hayan cumplido un año de servicio, sin importar si se encuentran laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, deberán de percibir la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo trabajado, cualquiera que éste fuera.
El pago de aguinaldo les corresponde a las personas trabajadoras de base, confianza, de planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, temporada, por tiempo indeterminado, sujeto a prueba o sujeto a capacitación inicial; también a las personas trabajadoras eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro, vendedores, entre otros que se rijan por la LFT, la cual establece que es una obligación del empleador pagar el aguinaldo en tiempo y forma.
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Actualmente, la Profedet ofrece servicios de orientación, asesoría, representación jurídica e impulsa el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos laborales para garantizar una atención más ágil, justa y conciliadora a las personas trabajadoras.
La dependencia señaló que con estas acciones busca reducir los tiempos de resolución y fomentar acuerdos voluntarios, con el objetivo de proteger los derechos laborales.
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