Más de 70 organizaciones exigen Reglamento de Ley de Alimentación; advierten riesgo al derecho alimentario en México

Más de 70 organizaciones de la sociedad civil, colectivos campesinos y un centenar de personas académicas y activistas exigieron la publicación inmediata del Reglamento de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS), al advertir que, a dos años de su promulgación, su ausencia frenó la implementación de la política alimentaria nacional y puso en riesgo el derecho a la alimentación en México.

Entre las organizaciones firmantes destacan la Alianza por la Salud Alimentaria, la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), el Colegio Nacional Transdisciplinario de Toxicología, Salud y Ambiente (Contratox) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos “José Dolores López Domínguez”.

Las agrupaciones señalaron que la falta del Reglamento impidió traducir la ley en acciones concretas, lo que retrasó la construcción de una política capaz de responder a los desafíos actuales y a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derecho humano a la alimentación.

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Advirtieron que, durante más de tres décadas, el modelo neoliberal y la llamada Revolución Verde provocaron el empobrecimiento y abandono del campo, una mayor dependencia de importaciones alimentarias, así como impactos negativos en el ambiente y la salud pública por el uso extendido de agrotóxicos.

En contraste, subrayaron que pueblos originarios, organizaciones campesinas y actores sociales sostuvieron una resistencia histórica en defensa del territorio, la soberanía alimentaria y el derecho a una alimentación adecuada, lo que derivó en reformas constitucionales a los artículos 4° y 27°, así como en políticas como el etiquetado frontal y la regulación de entornos escolares saludables.

Las organizaciones destacaron que la LGAAS representó un marco legal avanzado para garantizar este derecho, al sentar las bases para promover la autosuficiencia alimentaria, fortalecer sistemas productivos sostenibles y crear mecanismos de coordinación intersectorial, como el Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC), que aún no ha sido activado.

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Alertaron que la falta de Reglamento mantuvo a la población expuesta a una crisis alimentaria y de salud pública, caracterizada por inseguridad alimentaria, malnutrición, altos niveles de obesidad y enfermedades crónicas, además de riesgos asociados al uso de agrotóxicos.

Ante ello, exigieron la publicación inmediata del Reglamento; garantizar disposiciones claras sobre etiquetado e información de alimentos, incluyendo advertencias sobre organismos genéticamente modificados; armonizar la norma con la protección de maíces nativos y la prohibición de su modificación genética; instalar de forma urgente el SINSAMAC y los mecanismos de participación ciudadana; y establecer reglas que aseguren transparencia y eviten conflictos de interés en la política alimentaria.

Las organizaciones advirtieron que la publicación del Reglamento no debía seguir detenida por presiones ajenas al interés público e informaron que el pronunciamiento permanecería abierto para sumar más adhesiones.

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