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La Fiscalía General de la República (FGR) estableció un decálogo de delitos de atención prioritaria, que por la “gravedad de sus efectos y niveles de violencia, laceran la seguridad de las personas y la estabilidad del Estado mexicano y favorecen una percepción de inseguridad”.
La institución encabezada por Alejandro Gertz Manero priorizó como número uno el combate a la corrupción, en sintonía con el gobierno federal, según el Plan de Persecución Penal que presentó a la Cámara de Senadores.
Le siguen los delitos contra el patrimonio nacional, económicos y financieros, los ilícitos cometidos contra los derechos humanos, en contra de la libertad de las personas, contra el comercio, portación ilegal de armas de fuego, contra el sistema electoral, delitos ambientales y narcotráfico.
Para la FGR dichos crímenes favorecen una percepción de “inseguridad y vulnerabilidad por la forma en que se cometen y la conmoción social que generan”.
De acuerdo con el documento, en promedio, casi la mitad (42%) de las carpetas de investigación que se inician en la Fiscalía General de la República derivan de denuncias de delitos de carácter patrimonial o de los tipificados en las leyes de instituciones de crédito, inversión, fianzas y seguros, lo que “implica que gran parte de los recursos y capacidades de la FGR se destinan a investigar ilícitos que, hasta cierto punto, no son graves y que además presentan pocas probabilidades de éxito, en virtud de que 98% y 99%, respectivamente, inicia sin la identificación de un imputado”.
En contraste, destaca, la mayoría de las carpetas de investigación relacionadas con delitos de armas de fuego y narcomenudeo inicia con un imputado conocido, lo cual, según la institución, explica el grado de efectividad institucional en tales materias.
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La Fiscalía General de la República consideró que con la priorización de los delitos se podrá ofrecer una respuesta apropiada, oportuna y razonable a las denuncias de las víctimas, que esperan periodos injustificados.
“Para transformar esta dinámica, la fiscalía debe desarrollar capacidades que le permitan ofrecer una respuesta apropiada a cada caso, esto puede conseguirse a través de esta política de priorización y del circuito de selección de casos, especificándose las unidades de la FGR a las que se pueden derivar las denuncias”, señala .
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