FGR va por homologar delito de feminicidio en México; nueva ley contempla multas y penas de hasta 70 años de prisión
Ernestina Godoy dijo que existe una "deuda histórica" con las mujeres en el tema de sus derechos
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, anunció que enviara al Senado de la República una iniciativa de reforma para homologar el delito de feminicidio en todo el país, establecer sanciones más severas que van de 40 a 70 años de prisión así como multas de 234 mil pesos, también de unificar los protocolos de investigación con perspectiva de género.
“Reconocemos con plena conciencia que hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas. Es hablar de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia a las mujeres y familias víctimas de este flagelo social”, señaló.
Durante la presentación del proyecto, la fiscal explicó que la propuesta contempla una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de prevención, investigación y sanción del feminicidio, modificando el inciso A de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de homologar el tipo penal y sus sanciones en todas las entidades federativas.
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Detalló que la iniciativa, elaborada conjuntamente entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres, plantea reconocer el feminicidio no solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos, lo que obliga al Estado mexicano a implementar respuestas estructurales en materia legislativa, de procuración de justicia y políticas públicas.
Sanciones y agravantes por el delito de feminicidio
Entre los cambios principales, el proyecto establece penas de 40 a 70 años de prisión, además de multas económicas de mil a 2 mil en Unidades de Medida y Actualización (UMA).
También se sancionará la tentativa de feminicidio con penas equivalentes a entre la mitad y dos terceras partes de la condena prevista.
La propuesta reconoce nueve razones de género para acreditar el delito, entre ellas signos de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia, relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima, estado de indefensión o exposición del cuerpo.
Asimismo, contempla 21 agravantes, como que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor; tenga discapacidad; el crimen se cometa frente a hijas o hijos; se trate de una persona migrante o perteneciente a pueblos originarios o comunidades afrodescendientes.
Godoy Ramos indicó que uno de los ejes centrales será homologar los protocolos de investigación en todo el país para que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, incorporando obligatoriamente la perspectiva de género en cada etapa del proceso.
El proyecto establece que el delito será perseguido de oficio y que la acción penal, las sanciones y la reparación integral del daño serán imprescriptibles.
Además, el responsable perdería derechos por ejemplo que será privado de la patria potestad respecto de hijas e hijos en común, eliminando cualquier autoridad legal sobre ellos.
Perderá la tutela, curatela, guarda y custodia de menores o personas bajo su responsabilidad legal y quedará sin acceso a beneficios legales o patrimoniales relacionados directa o indirectamente con la víctima o sus familiares.
La iniciativa también obliga a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a contar con unidades especializadas con personal certificado y capacitado en investigación criminal, atención a víctimas y medidas de protección, garantizando la continuidad de las investigaciones sin interrupciones por cambios de turno.
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