Para hablar sobre la importancia de protocolos de investigación en materia de personas defensoras, , desapariciones, y la relevancia de trabajar con las fiscalías estatales, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Humberto Henderson, se reunió este viernes con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.

Hace unos días, la ONU-Derechos Humanos presentó en Guanajuato el informe “Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, en el que señala que en 376 reporteros, trabajadores de medios y defensores de derechos humanos han sido asesinados, fueron desaparecidos o sufrieron atentados contra su vida durante los últimos 10 años.

El oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves, documentó que de enero del 2016 a diciembre del 2025, fueron asesinados 89 periodistas, ocho trabajadores de medios de comunicación y 181 defensores de derechos humanos.

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Agregó que 14 reporteros, dos trabajadores de medios y 13 defensores fueron víctimas de intentos de homicidio, reveló.

Además, 25 periodistas, un trabajador de medios y 43 defensores fueron desaparecidos, puntualizó Cancela Neves. De las 376 víctimas, 80 son mujeres, al menos 105 defendían el medio ambiente, el 70 por ciento ya habían sufrido incidentes de inseguridad y el 30 por ciento denunció agresiones previas ante el Ministerio Público, detalló.

Lamentó que 72 de las víctimas de homicidio o de desaparición tenían medidas de protección. "Eso evidencia la persistencia de retos para cumplir las obligaciones en materia de prevención, protección y acceso a la justicia”, recalcó el funcionario de la ONU.

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Cancela Neves enfatizó que la investigación penal es trascendental para la garantía del derecho a la verdad y la justicia de sobrevivientes, familiares de las víctimas, colegas de profesión y la sociedad en general.

"Tomar medidas para fortalecer las capacidades del Estado mexicano, para investigar las agresiones contra quienes defienden nuestros derechos y ejercen el periodismo debe ser una prioridad", acotó.

No hacerlo, agregó, implica que la violencia contra personas defensoras y periodistas no cesará, lo que afecta directamente el goce de los derechos humanos para todas y para todos, dijo.

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