Diputados arrastran rezago de casi 89% en iniciativas federales

Los diputados federales de la 66 Legislatura cerrarán el segundo año de sesiones con un rezago de 88.93% en las iniciativas que se han presentado desde el inicio de la misma a la fecha.

De acuerdo con información oficial de la Cámara de Diputados, al 19 de abril de 2026 los congresistas han presentado un total de 5 mil 105 iniciativas de manera formal, de las cuales sólo se han aprobado 271, equivalente a 5% del total de la carga de trabajo.

Asimismo, 42 iniciativas han quedado desechadas y otras 252 fueron retiradas, en tanto que 4 mil 540 siguen pendientes por dictaminar en comisiones para su posterior debate en el pleno, en caso de que sean aprobadas.

De los proyectos aprobados, la prioridad han sido los presidenciales, tanto del expresidente Andrés Manuel López Obrador como de la actual mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

Destaca la reforma al Poder Judicial, por la que se estableció la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, y se redujo el pleno de la Suprema Corte a nueve integrantes, entre otras cosas. También la eliminación de órganos autónomos como el Inai, la Cofece y el IFT, trasladando sus funciones a dependencias del Ejecutivo federal. Así como la reforma constitucional por la que se logró el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dando a la institución armada el control operativo y administrativo de la GN y otorgándole facultades de investigación de delitos.

También se encuentran reformas como la denominada supremacía constitucional, para blindar las modificaciones a la Constitución al establecer que éstas son inimpugnables mediante juicios de amparo, controversias o acciones de inconstitucionalidad.

Se aprobaron, además, las reformas presidencial para establecer los programas sociales como un derecho constitucional; en materia de vivienda, para permitir al Infonavit construir casas y crear programas de arrendamiento social; para establecer que la extorsión sea considerada como delito de alto impacto, con penas de hasta 42 años de prisión, y recientemente el aval del denominado plan B electoral, que —entre otras cosas— limita el presupuesto de los Congresos locales y ayuntamientos.

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