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El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados impulsa la Ley General de Protección Patrimonial contra el Despojo Inmobiliario.
Se trata de una propuesta de la diputada federal Elena Edith Segura Trejo, que busca evitar que las familias mexicanas pierdan su patrimonio a causa de escrituras falsas, juicios simulados, suplantación de identidad o redes dedicadas al fraude inmobiliario.
Entre otras cosas, plantea crear una Alerta Inmobiliaria Nacional, para que cualquier propietario sea notificado de inmediato cuando alguien intente modificar la situación jurídica de su inmueble. También propone un bloqueo registral preventivo, un Registro Nacional de Operaciones Inmobiliarias de Riesgo y fortalecer a las fiscalías con mayor presupuesto, unidades especializadas, más ministerios públicos, policías de investigación, peritos y herramientas tecnológicas que permitan investigar con mayor rapidez y reducir la impunidad.
La propuesta responde a un problema de carácter nacional, según indicó la legisladora. En la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia (FGR) reportó más de 20 mil carpetas de investigación por despojo entre 2020 y abril de 2026. En tanto, el Estado de México registró 5 mil 594 denuncias durante 2025, cifras que muestran la necesidad de una estrategia integral para enfrentar este delito.
En la exposición de motivos, explica que uno de los casos que refleja la dimensión del problema es el de República de Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde está por cumplirse un año desde el despojo del inmueble y los legítimos propietarios continúan fuera de su patrimonio: “Casos como éste evidencian la necesidad de que el Estado cuente con herramientas legales para proteger de manera inmediata a las víctimas y evitar que los procesos judiciales terminen favoreciendo a quienes actuaron al margen de la ley”.
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Asimismo, advierte que detrás de numerosos casos operan grupos organizados que utilizan escrituras falsas, poderes apócrifos, notificaciones irregulares, juicios simulados y suplantación de identidad, incluso con la posible participación de abogados, notarios o servidores públicos. Las personas adultas mayores se encuentran entre las principales víctimas de estas prácticas, por lo que la iniciativa busca cerrar los espacios de impunidad y fortalecer la protección jurídica de quienes han dedicado toda una vida a construir su patrimonio.
em
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