Dan dientes a la ASF; investigará por oficio

En fast track, diputados federales de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción construyeron una iniciativa de reforma para transformar por completo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que, entre otras cosas, busca darle “dientes” para realizar investigaciones por oficio.

Se trata de un proyecto que fue presentado apenas el 9 de abril y en menos de una semana se prevé dictaminar en comisiones la mañana de hoy miércoles.

La iniciativa también plantea facultades para emitir más sanciones, castigo a funcionarios que acepten injerencias políticas en el ejercicio de sus funciones, eliminación de las “solicitudes de aclaración” bajo el argumento de que dicha figura ha servido como un “mecanismo de prórroga que ralentiza la determinación de responsabilidades”, la creación de la figura de “auditorías especializadas” con la obligación de que el personal esté certificado y crea el Sistema Nacional de Registro de Información y Datos Relacionados, una plataforma que obliga a los entes públicos a subir la información que para tal efecto se establezca, incluyendo datos sobre las participaciones federales.

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El dictamen propone que la Auditoría Superior de la Federación elimine la solicitud de aclaración con la finalidad de evitar dilaciones en los procesos de fiscalización.

La propuesta deriva de una reunión privada que se llevó a cabo el pasado 24 de marzo, en la que el titular de la ASF solicitó más capacidades para el máximo órgano fiscalizador del país.

El documento, en poder de EL UNIVERSAL, advierte que uno de los mayores obstáculos para la rendición de cuentas efectiva por parte de la ASF “ha sido la dilación en los procesos de fiscalización”.

“Por ello, con el propósito de dar celeridad procesal y eliminar dilaciones en el proceso de fiscalización se propone la derogación de la fracción I del artículo 40 y la modificación de la fracción I del artículo 15 para eliminar la ‘solicitud de aclaración’”.

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“Esta figura ha servido históricamente como un mecanismo de prórroga que ralentiza la determinación de responsabilidades, debido a que han generado duplicidad de actuaciones y de plazos, impactando negativamente en la agilidad de los procesos de fiscalización. En el periodo comprendido de 2000 a 2024 se han emitido un total de 9 mil 733 solicitudes de aclaración, de las cuales 170 se encuentran en trámite, nueve en seguimiento, 6 mil 729 cuentan con seguimiento concluido y 2 mil 825 han sido sustituidas por una nueva acción”, argumenta el texto.

El proyecto reconoce que el modelo actual, “en ocasiones ha limitado la capacidad de la ASF para iniciar investigaciones de manera expedita, supeditándolas al ciclo anual de la Cuenta Pública”, por lo que se plantea facultar al máximo órgano fiscalizador para realizar investigaciones de oficio.

“Esto cobra mayor relevancia si se considera que de 2000 a 2024 la ASF ha realizado un total de 31 mil 264 auditorías y ha emitido 192 mil 502 acciones”, de las cuales solo hubo lugar a 4 mil 787 procedimientos resarcitorios.

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“Este nuevo precepto legal reconoce la facultad que expresamente la Constitución le otorga a la Auditoría Superior de la Federación para realizar investigaciones de faltas administrativas graves de manera independiente al proceso de fiscalización anual, ya sea por denuncia ciudadana o de oficio (…) fortaleciendo así su capacidad de actuación y reduciendo los tiempos de respuesta frente a posibles conductas ilícitas”, se indica.

Adicionalmente, se modifica el artículo 71 para establecer que la unidad administrativa a cargo de las investigaciones de la ASF promoverá el informe de presunta responsabilidad administrativa no sólo cuando los pliegos de observaciones no sean solventados, sino también cuando provengan de faltas administrativas graves realizadas de oficio o derivadas de denuncia, “reiterando que estas investigaciones son independientes del proceso de fiscalización”.

Asimismo, se propone la creación del Sistema Nacional de Registro de Información y Datos Relacionados con los Recursos Federales, una plataforma centralizada donde los entes públicos estarán obligados a subir toda la información correspondiente al manejo del erario.

También se propone la imposición de multas no sólo por la falta total de atención a los requerimientos de la ASF, sino también por incumplimientos parciales o por omisión.

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