La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) lanzó un llamado para que el Congreso de la Unión defina, en leyes secundarias , los límites del acuerdo de militarización de la seguridad pública emitido en mayo pasado por el Ejecutivo federal.
Pese a que la CNDH se negó a impugnar el acuerdo, reconoció que conceptos como “actuación de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” no están definidos en las leyes del país, aunque inciden directamente en cómo intervendrán las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y se les menciona tanto en el acuerdo presidencial como en el Quinto transitorio de la Constitución federal.
“Dichos términos, aunque citados en las disposiciones en comento, no han sido definidos, desarrollados y determinados en las leyes secundarias pertinentes, por lo que su falta de precisión para su aplicación operativa da lugar a delicados vacíos jurídicos que pueden conducir a violaciones a derechos humanos ”, advirtió la CNDH.
“Se exhorta al Honorable Congreso de la Unión, para que, a la brevedad posible, sean definidos y desarrollados en la legislación secundaria correspondiente, los términos referidos en el Artículo Quinto Transitorio señalados, con objeto de brindar certeza jurídica, respecto a la manera en cómo deberá disponerse de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública y los parámetros de su actuación“.
Mediante un comunicado enfatizó en que el Estado debe limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas Lara controlar la criminalidad común o la violencia interna.
“El régimen castrense no se concilia con las funciones de las autoridades civiles, por lo cual, en todo caso, cuando fuerzas militares presten auxilio a la autoridad encargada de la seguridad pública, debe ser en casos restringidos y siguiendo criterios de estricta excepcionalidad”, apuntó.
Por ello, señaló que la legislación secundaria debe hacer énfasis en que el uso de la fuerza pública debe ser aplicado bajo criterios de excepcionalidad, proporcionalidad, absoluta necesidad, racionalidad y oportunidad.
El acuerdo de militarización de la seguridad pública ya ha sido impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el gobierno de Michoacán y el del municipio de Colima, Colima.
La última impugnación fue presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas quien solicitó a la Corte, pronunciarse sobre las contradicciones y vacíos contenidos en el acuerdo, que son los mismos que observó la CNDH.
Los asuntos fueron turnados a la ministra Margarita Ríos Farjat quien aún no ha notificado si los admitirá o desechará.
grg