A los cuatro programas que existen para atender la violencia contra las mujeres se les destinó un presupuesto de mil 178 millones 543 mil 371 pesos, que apenas representa 0.016% de los recursos que se ejercen para 2022 y que ascienden a 7 billones 88 mil 250 millones 300 mil pesos.
Son los programas de Atención a las Mujeres en Situación de Violencia, que recibió este año 158 millones 900 mil pesos; para Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, al que se le asignaron 310 millones 451 mil 545; el de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), 288 millones 988 mil 386, y el de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, 420 millones 203 mil 440, que en conjunto percibieron recursos que alcanzan los mil 178 millones 543 mil 371 pesos.
Consultados por EL UNIVERSAL, organismos civiles consideran que los recursos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 a programas para atajar la violencia contra las mujeres sólo “son migajas” que evidencian el interés de este gobierno para atender este flagelo multifacético.
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“Sí, son migajas. No se habla de un reconocimiento de derechos, del problema, no se habla de nada. No, no son ni siquiera migajas, me parece que esto es hasta un insulto, dada la gravedad de la problemática en el país y que se destine solamente esa cantidad de recursos en esos programas para atender las violencias contra las mujeres”, dice Guadalupe Ramos Ponce, vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
Directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa, comenta que en pleno abril los 79 albergues de esta red no reciben el presupuesto asignado para este año a fin de atender a las víctimas y a sus hijos de la violencia.
“El programa de refugios no sólo tiene un significativo menor porcentaje presupuestal, sino que al día de hoy los recursos no han sido liberados. Es decir, son limitados los recursos y su entrega es inadmisiblemente tardía, pues estamos hablando de derechos humanos, de vidas de mujeres e infancias”, resalta.
Febrero pasado fue letal para las mujeres. Siete delitos de alto impacto contra ese sector de la población presentaron un aumento: el secuestro, la trata de personas y la corrupción de menores son los ilícitos que alcanzaron más del doble de la incidencia de enero pasado, según el más reciente reporte sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con el informe del secretariado, las víctimas mujeres de secuestro, en su mayoría de 18 años o más, subieron 180% al pasar de 10 en enero a 28 en febrero, esta última es la cifra más alta desde enero de 2020.
Las víctimas mujeres de trata de personas se elevaron 82% en febrero, que acumuló 60 contra las 33 de enero. Desde abril del año pasado no se registran 60 víctimas del referido delito.
En tanto, las víctimas mujeres de corrupción de menores alcanzaron el mes pasado la cantidad más alta desde julio del año pasado, con 149, lo que representa 52% más si se compara con las 98 del primer mes de 2022.
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Por violación, las fiscalías o procuradurías estatales reportaron mil 597 carpetas de investigación iniciadas. Esto es 12% más que las mil 428 que se abrieron en enero. Desde octubre del año pasado, la extorsión contra mujeres venía con una tendencia a la baja en la incidencia mensual, que se rompió en febrero pasado al registrar 260 víctimas, 10% más que las 236 de enero.
El feminicidio, que en 2021 registró cifras mensuales históricas, creció 4% en febrero pasado, con , Aguascalientes, Campeche, Tabasco y Oaxaca en los primeros lugares en asesinatos de mujeres por razones de género por cada 100 mil habitantes.
La violencia familiar, que el año pasado impuso récord de incidencia, subió 3% el mes pasado, en el que se que se iniciaron 17 mil 915 carpetas de investigación contra las 17 mil 385 de enero.
Wendy Figueroa señala que con la reducción de 4% en el presupuesto para este año de Gobernación, se registraron cambios al programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
También en el de planeación demográfica, que financia la estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente, además del mecanismo a periodistas y defensores, entre otros.