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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no protegerá a ningún funcionario o militante, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, si existen pruebas de la comisión de algún delito, pero dejó en claro que no se actuará por presiones externas, incluso si provienen de Estados Unidos.
La Mandataria reiteró que la posición de su administración es defender el Estado de derecho y actuar únicamente con base en evidencias suficientes.
“Nosotros no vamos a defender a nadie, aunque sea de Morena, si hay pruebas de que cometió un delito”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre las críticas de analistas que la acusan de respaldar al mandatario sinaloense.
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La titular del Ejecutivo recordó que ya existen casos de alcaldes emanados de Morena que han sido detenidos al comprobarse vínculos con la delincuencia, por lo que sostuvo que no existe impunidad para los integrantes de su movimiento.
“Si hay evidencia que sea suficiente para la Fiscalía General de la República, pues se tiene que proceder. Ahora, si no hay evidencia, pues no se procede, aunque lo pida Estados Unidos”, enfatizó.
Sheinbaum subrayó que esta postura responde al respeto a la Constitución y a las leyes mexicanas, y señaló que el mismo criterio es aplicado por las autoridades estadounidenses cuando México solicita la detención de personas en su territorio.
“Nosotros hemos pedido detenciones de personas en Estados Unidos y ellos nos dicen: ‘No me mandas suficientes pruebas, mándame pruebas’. Es lo que hemos hecho: aplicar la ley”, explicó.
Sheinbaum rechaza que Morena esté ligado al narco
La Presidenta rechazó las versiones que vinculan a Morena con grupos criminales y aseguró que se trata de una campaña de propaganda sin sustento. Como ejemplo, destacó que durante su administración los homicidios dolosos han disminuido 40 por ciento y que el gobierno mexicano ha autorizado el traslado de 92 criminales sentenciados a Estados Unidos.
Asimismo, insistió en que cualquier investigación contra gobernadores o exfuncionarios corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial, y no a decisiones de carácter político.
“No es un asunto de la Presidenta. No me corresponde ordenar acciones contra nadie. Eso era en los gobiernos de antes”, concluyó.
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