Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dejaron en evidencia sus diferencias internas durante la entrega de las 241 propuestas a tomar en cuenta para la reforma electoral ante la Comisión Presidencial que encabeza Pablo Gómez.
En la mesa, en la que sólo nueve de las 11 consejerías se presentaron, se reclamaron mutuamente temas de disenso, como la elección de cargos directivos dentro del instituto y criterios para la ejecución del voto.
Entre las propuestas que, por mayoría, llevaron los consejeros electorales a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral estuvieron blindar el presupuesto del organismo indexándolo al Producto Interno Bruto (PIB), mantener los plurinominales, mover de fecha la elección del Poder Judicial, vetar el secreto ministerial para las investigaciones de fiscalización y priorizar el servicio profesional electoral en la elección de consejeros.

En respuesta, el presidente de dicha comisión, Pablo Gómez, les recordó que “ninguna reforma electoral ha salido por consenso” y que, en la que pretende presentar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a finales de este mes, se abrieron mesas de diálogo y se armó un micrositio para que “quien quisiera pudiera participar”.
“Nosotros, obviamente, no vamos a generar ningún consenso. Ustedes mismos no lo tienen… que son un órgano colegiado, fuerte, con instrumentos, con sabidurías, con informaciones, con elementos de juicio, experiencia y conocimiento, no puede haberlo”, dijo Pablo Gómez luego de que los consejeros mencionaran, en reiteradas ocasiones, los 30 años de experiencia del INE en la ejecución de comicios.
En presupuesto no hay modificaciones, a negociar con diputados
En su intervención, la consejera Carla Humphrey destacó que los recursos que recibe el INE son insuficientes y muchas veces los ajustes al gasto ponen en riesgo los derechos de la ciudadanía y de preservación de los principios democráticos en México.
El consejero Martín Faz detalló que una de las propuestas que incluye el documento presentado por el INE prevé que el presupuesto del organismo sea dinámico; por ello, que se vincule a los criterios del PIB anual “y que eso impida que haya variaciones presupuestales bajo criterios que no son técnicos ni operativos”.
“Sin recursos, sí hay una afectación a la calidad de la democracia. Debemos preservar que las elecciones sean confiables con el presupuesto necesario”, destacó el consejero Arturo Castillo.
Al respecto, Pablo Gómez dijo que ir reduciendo el presupuesto en materia electoral “es una demanda popular” que tarde o temprano habrá de conseguirse y se posicionó en contra de indexar el presupuesto del INE al PIB o al nivel de inflación anual.
“Porque un órgano administrativo tiene siempre requerimientos nuevos, sus actividades no se basan según la inflación nada más, o el PIB, sino que depende de muchas cosas, de muchos elementos. Yo me posiciono en favor de hacer un diálogo permanente con el que tiene el poder de bolsa, que es la Cámara de Diputados. Ahí está el poder: con los diputados”, aseguró.
Plurinominales y elección judicial debe resolverlo el Congreso
“La reforma debe fortalecer la representación política. No puede responder a una sola fuerza política, a un solo bloque, sino a una diversidad de puntos de vista. Y para eso se estableció un principio de proporcionalidad en la reforma de 1977, que debe revisarse, tal vez, pero fortalecerse”, señaló el consejero Jaime Rivera en la reunión.
Pablo Gómez señaló, en entrevista al concluir la entrega de las propuestas, que las fracciones parlamentarias de los partidos Verde y del Trabajo no se han posicionado en contra —al menos en la Comisión Presidencial— de eliminar a los plurinominales, pero en todo caso será una negociación que deberá tener Morena en la Cámara de Diputados o el Senado.
En cuanto a mover la fecha de la elección judicial y que no sea concurrente con las elecciones federales intermedias para elegir representantes de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez también remitió ese tema a las negociaciones que Morena tendrá que llevar a cabo en el Congreso, dejando claro que en la iniciativa de reforma ese tema no se tocará.
“Eso no lo vamos a modificar, sería bombardear la reforma judicial y eso no, no hemos decidido eso. Será en el año que corresponda, otro mes, otra fecha, deberá decidirlo el Congreso, pero debe ser en 2027 y en 2030 como lo marca la Constitución”, señaló.
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