Artículo 19 México y Centroamérica condenó la intimidación, agresión física y detención contra María Luisa Ruiz, periodistas, fundadora y directora del medio Expresión, Principio de la Comunicación, ocurridas el pasado 13 de enero en el municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla, mientras realizaba labores informativas en la vía pública.
A través de un comunicado, la organización expresó que de acuerdo con el testimonio de esta reportera, tras el uso de la fuerza y el hostigamiento policial se complicó su estado de salud (hipertensión y diabetes), por lo que requirió atención médica y fue hospitalizada.
Agregó que estos hechos resaltan la importancia de que las autoridades atiendan los riesgos diferenciados, de forma específica cuando se trata de mujeres periodistas y adultas mayores que enfrentan barreras adicionales para denunciar y acceder a protección.
Ruiz se encontraba en el centro de Santiago Miahuatlán, cuando comenzó a documentar con su teléfono celular una movilización policiaca. Elementos municipales se aproximaron para exigirle “acreditación” y cuestionar su labor. Posteriormente, ordenaron su detención y la trasladaron en una patrulla a la comandancia a pesar de que les dijo en diferentes ocasiones que era periodista y nada más estaba llevando a cabo su labor.
La periodista denunció jaloneos, empujones y golpes durante su ingreso a instalaciones municipales, así como amenazas de ser remitida al Ministerio Público.
Medios locales reportaron que la detención habría sido instruida por el director de Seguridad Pública municipal, Benigno Valencia Pérez, lo cual fue confirmado por María Luisa en entrevista con Artículo 19.
Dicha organización no gubernamental detalló que una de las dimensiones más preocupantes del caso es la amenaza de judicialización por “usurpación de funciones”, argumento empleado con las finalidades de justificar el aseguramiento y disuadir la documentación de un asunto de interés público.
Subrayó que condicionar el ejercicio periodístico o el derecho de cualquier persona a registrar hechos noticiosos en espacios públicos, a exhibir una credencial, “registro” o vínculo formal con un medio viola estándares nacionales e internacionales.
"En contextos de violencia contra la prensa, estos requisitos se convierten en herramientas de control, censura indirecta y riesgo, al exponer a periodistas a detenciones arbitrarias y represalias", manifestó.
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Expuso además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que exigir acreditación del medio para acceder a actos o asuntos de interés público es un requisito contrario a la libertad de expresión, y que la definición de periodista debe atender al rol social que desempeña la persona, sin cargas arbitrarias.
Llamó a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) iniciar y conducir, de manera coordinada, una investigación pronta, exhaustiva, imparcial e independiente acerca de la detención arbitraria, las agresiones y las amenazas perpetradas contra la periodista María Luisa Ruiz.
dft
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