En una sesión que se ha extendido por más de 8 horas, el Senado de la República aprobó 11 reformas constitucionales entre las cuales se incluye la eliminación de las partidas secretas, la regulación de la seguridad privada, la iniciativa para transitar hacia la justicia digital, el reconocimiento de 68 lenguas indígenas y del lenguaje incluyente en la Constitución, así como la capacidad del Congreso para interponer controversias con respecto a las reformas a las constituciones locales que aprueben los estados.
Entre las reformas que se aprobaron ayer está la que elimina las partidas secretas de las que podía disponer el titular del Poder Ejecutivo federal; de acuerdo con la iniciativa, esta prerrogativa al presidente le generó que entre 1983 y 1995 se ejercieran 26 mil 500 millones de pesos, de los cuales se desconoce su destino; también propició abusos en la utilización del recurso.
También se aprobó por unanimidad, un proyecto para convertir a la justicia cívica en un medio para prevenir y resolver problemas sociales de manera pacífica antes de que se conviertan en delitos.
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Damián Zepeda (PAN) explicó que cada año ocurren más de 30 millones de ilícitos, muchos de ellos, si se hubiesen abordado de manera adecuada, en sus ambientes cotidianos, colonias y parques, pudieron no haber sucedido.
La iniciativa aprobada contempla que las autoridades administrativas aplicarán sanciones por las infracciones en los reglamentos del gobierno y de la policía, las cuales consistirán en amonestación, multa, reparación del daño, arresto hasta por 36 horas o trabajo a favor de la comunidad.
También se aprobó el reconocimiento en la Constitución del español y las 68 lenguas indígenas, con sus variantes lingüísticas, como lenguas nacionales, por lo que tendrán la misma validez en términos de la ley.
De esta manera, el Estado tendrá la obligación de promover su preservación, estudio, difusión, desarrollo y uso, así como una política lingüística multilingüe, que propicie que se alternen con el español en todos los espacios públicos y privados.
"Cuando llegaron los españoles a estas tierras se hablaban aproximadamente 170 lenguas indígenas; de esas, cien han desaparecido y eso debe llamarnos a la indignación histórica; pero al mismo tiempo, acotó, es asombroso que, después de 500 años, se sigan hablando 68 lenguas indígenas que han sobrevivido a todo", dijo el senador Martí Batres Guadarrama (Morena), promotor de la iniciativa.
Por el PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz explicó que con el reconocimiento constitucional de las lenguas indígenas, se espera que las políticas lingüísticas en México fortalezcan realmente a las comunidades indígenas y sus habitantes, pues “es necesario escuchar a los pueblos indígenas en sus lenguas; que su validez dentro de la Ley no sea sólo en el papel”.
También se aprobó el esquema de Justicia Digital, a través del cual el Poder Judicial de la Federación, y los de los estados, estarán obligados a utilizar la tecnología para integrar a distancia y resolver en línea los procesos y procedimientos jurisdiccionales en todas sus etapas, y promover la consulta e integración de expedientes electrónicos.
También se aprobó la reforma constitucional que dará facultades al Congreso de la Unión para presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las reformas que hagan los congresos locales a las constituciones de sus estados.
La propuesta faculta a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para que, con el 33% de sus integrantes, puedan plantear ante la Corte, la posible contradicción entre las modificaciones realizadas a las constituciones de las entidades.
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