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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que tras investigaciones por los Órganos Internos de Control en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el Banco del Bienestar (BANBIEN) se acreditaron faltas administrativas graves cometidas por cuatro exservidores públicos, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa les impuso inhabilitaciones de hasta por 10 años para desempeñar cargos en el servicio público, así como sanciones económicas.
En un comunicado, la dependencia federal detalló que en el SAT, se investigó a Víctor R., ex subadministrador de Servicios al Contribuyente, quien fue inhabilitado por un año por la asignación irregular de citas para trámites utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución.
En el Banco del Bienestar, el Órgano Interno de Control acreditó irregularidades cometidas por tres personas servidoras públicas, en donde, en dos casos estuvieron relacionadas con el retiro de recursos de cuentas bancarias sin consentimiento de las personas cuentahabientes, por un monto superior a 275 mil pesos; y, en otro, con la realización de conciliaciones con información no verídica.
En este caso, los exfuncionarios inhabilitados por 10 años y multados fueron Juan D., exsubjefe de área; Orlando P., exauxiliar de sucursal; y Marco M., exasistente administrativo del Banco del Bienestar.
La Secretaría Anticorrupción detalló que las sanciones económicas impuestas a estos exfuncionarios oscilan entre los 25 mil y los 250 mil pesos.
La secretaría, a cargo de Raquel Buenrostro, señaló que las cuatro personas sancionadas tienen derecho a impugnar; sin embargo advirtió que en caso de hacerlo “defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron investigados los casos: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo el interés público”.
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“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público”.
Indicó que denunciar cuando se es testigo de un acto de corrupción no solo es un derecho, sino también es un deber cívico para proteger los recursos públicos, por lo que invitó a la población a denunciar actos de corrupción en el sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, en la página web: sidec.buengobierno.gob.mx
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