Tras el ataque con drones cargados de explosivos y las sucesivas jornadas de violencia que Los Ardillos desataron sobre comunidades de Guerrero, las cuales obligaron a desplazarse a familias enteras de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán y cuyo fin es correr de las comunidades a los integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata, CIPOG-EZ, la Secretaría de Gobernación emitió ayer un comunicado que raya en lo inverosímil.
Según el documento, ayer por la mañana el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, “se comunicó con líderes de ambos grupos en conflicto en la zona de Chilapa, en Guerrero, a quienes les hizo ver la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región”.
Afirma el comunicado que Yáñez “les solicitó terminar las disputas y los bloqueos de manera pacífica para que pudieran ingresar las Fuerzas Armadas a restablecer el orden, así como la atención y retiro de las personas heridas en el lugar”.
Les avisó que por instrucciones de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum al lugar irían la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. “Los líderes estuvieron de acuerdo en su planteamiento”, se lee en el comunicado.
La gente de las comunidades atacadas había huido en medio de explosiones, balaceras y quema de casas. El fin de semana pasado circularon videos de mujeres y niños implorando ayuda y denunciando el abandono de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.
Iban cuatro días de ataques tendientes a asegurar el control de Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos, sobre la Montaña de Guerrero, y encaminados a desterrar de la zona al Consejo Indígena que —aliado con grupos como Los Tlacos, que operan al margen de la ley— obstaculiza sus actividades criminales: la extorsión, el cobro de piso, la imposición de cuotas y la bajada de enervantes desde la sierra.
Desde hace tiempo, los frutos podridos de esa pugna los paga el pueblo, con su cuota de muertos, desaparecidos y descuartizados: el sello de la casa de Ortega Jiménez; hace apenas un par de días, por ejemplo, se reportó en la zona el hallazgo de diez costales repletos de restos humanos.
La presidenta Sheinbaum y el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, señalaron que el Ejército no repelió a Los Ardillos “para evitar una confrontación”. Dijo Harfuch que se había priorizado “proteger y preservar a la población”.
Así que la dejaron en manos de Ortega Jiménez: el mismo que decapitó y mutiló al alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos; el mismo que desde hace años ha llenado la región de fosas clandestinas, cabezas humanas y cuerpos desmembrados y calcinados, regados en pueblos, caminos, carreteras.
Ortega lleva más de 20 años impune. Extendió su poder bajo el cobijo de su hermano, el actual diputado Bernardo Ortega, exalcalde de Quechultenango (bastión del grupo criminal), expresidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, y expresidente también del PRD en Guerrero.
Ha levantado su imperio sobre el terror. Ha durado más que cinco gobernadores. Ha repartido dinero y corrompido durante décadas a la clase política. Es responsable de algunos de los asesinatos y las atrocidades que más han conmovido al estado. Su cuñada es actualmente la alcaldesa de Quechultenango.
En 2017, durante su campaña a la presidencia, López Obrador fue a este municipio, corazón del imperio criminal de Ortega, y durante un mitin celebrado allí mismo ofreció amnistía a los jefes del crimen organizado “para que logremos la pacificación del país”.
En ese mismo mitin le preguntaron a AMLO si esa amnistía alcanzaría a los líderes de los cárteles y este respondió: “Vamos a plantearlo. Lo estoy analizando”.
Ortega ha sido defendido por “los monseñores” de Guerrero. El obispo emérito Salvador Rangel lo defendió en una escandalosa entrevista concedida a Quadratín: dijo que él, y no el gobierno, había promovido el desarrollo de la zona. Confesó que Ortega se reunía cada mes con los delegados municipales para decirles: “qué necesitas, qué problema tienes, cómo te podemos ayudar”.
Otro sacerdote, Antonio Salgado, lo llevó con la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, para que lograran esa “paz” a la que López Obrador había dado su visto bueno.
Cuando Hernández se negó a encontrarse con él nuevamente, Ortega le dejó cinco cabezas en pleno centro de Chilpancingo.
El padre Filiberto Velázquez denunció que él y sus rivales, Los Tlacos, manejaban en la capital de estado toda clase de negocios ilícitos “que van desde la distribución de carne de res, de puerco, pollo, refresco y cerveza, hasta bares, centros nocturnos y, por supuesto, transporte público”.
Dijo que él ponía y sugería a los secretarios de Seguridad Pública.
Al final, Velázquez tuvo que huir del estado tras recibir amenazas de muerte por parte de Ortega.
Hoy, en papel membretado de Gobernación, el gobierno de Claudia Sheinbaum nos dice que Yáñez se comunicó con ese criminal que cinco gobiernos no han podido encontrar, y le hizo ver la urgencia de recuperar la paz. Que le solicitó terminar las disputas de manera pacífica, y que él estuvo de acuerdo. No solo eso: en lugar de una orden de aprehensión, le van a poner una mesa de diálogo.
Esto, el mismo día en que el secretario de Guerra del gobierno de Donald Trump, Pete Hegseth, lanzó una nueva advertencia al gobierno de México: “intervengan (contra los cárteles) para que nosotros no tengamos que hacerlo”.
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