El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió la semana pasada que vendrían nuevas acusaciones en contra de funcionarios y políticos mexicanos y dejó como al pasar una frase que ha desatado una crisis en el Poder Judicial de Sinaloa:
“Ya hemos acusado a múltiples funcionarios del gobierno de México; recientemente, también a un juez”.
Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente al gobernador Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, de haber pactado su acceso al poder con el Cártel de Sinaloa, y de recibir sobornos a cambio de facilitar el flujo masivo de drogas por parte de esta organización delictiva, se han rescatado innumerables testimonios y trabajos periodísticos que documentan la intervención de ese cártel durante la elección de 2021.
Rocha Moya cayó a resultas del escándalo.
No así su amigo y mano derecha, el senador de Morena Enrique Inzunza, otro de los acusados por el Departamento de Justicia, y quien ocupó la secretaría general de Gobierno durante el primer tramo del sexenio del mandatario sinaloense.
Desde el 29 de abril pasado, cuando se dio a conocer la acusación, Inzunza dejó de presentarse en público y tampoco acudió a la sesión de la Comisión Permanente del pasado 6 de mayo, para no dar oportunidad, según anunció, a que los “personeros de la derecha conservadora” se valieran de las acusaciones de Estados Unidos para convertir la sesión en un espectáculo.
El senador sigue escudado en el fuero, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum se resiste a cumplir la solicitud de captura con fines de extradición de los funcionarios señalados.
Y es que Enrique Inzunza puede ser igual de peligroso para la 4T que el mismo Rocha Moya. El senador, señalado por la acusación que validó un Gran Jurado como cómplice del Cártel de Sinaloa, fue el gran operador de la reforma judicial de 2025.
En Sinaloa, todos los jueces incluidos en el “acordeón” que Inzunza planchó en Mazatlán en mayo de 2025 con una ministra de la Suprema Corte, resultaron triunfadores en dicha elección. La coincidencia entre las listas distribuidas por órdenes de Inzunza y los ganadores, es ni más ni menos que del 100 por ciento.
Si las elecciones de 2021 demostraron que en Sinaloa nadie pudo llegar a un cargo político sin el aval del Cártel de Sinaloa, ¿podría alguien convertirse en juez o en magistrado sin la venia de los jefes de este grupo criminal?
En la semana previa a la elección judicial, los burócratas de Sinaloa recibieron acordeones con instrucciones de voto. Además de instruir a los empleados de gobierno sobre qué candidatos elegir, se les pidió que tomaran fotografías de las boletas, una vez llenadas.
En las listas aparecían los jueces y juezas de distrito, los magistrados y magistradas de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados y las magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y las magistradas y los magistrados de circuito.
En el caso de Sinaloa las seis boletas, divididas en colores, fueron entregadas a los trabajadores con los nombres y los números de los candidatos y candidatas seleccionados.
Como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Inzunza fue una pieza clave para procesar la reforma judicial y establecer las nuevas reglas para la integración del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales. Había presidido el Poder Judicial de Sinaloa durante más de seis años, y al sumarse al gobierno de Rocha Moya dejó a gente de su equipo. No solo repartió cargos entre su esposa, sus hermanos y otros familiares: era el mayor poder dentro de ese poder en Sinaloa: ponía y quitaba jueces a su antojo.
En el Senado defendió la reforma judicial y la comparó con “la reforma histórica” de 1857. Citó a Riva Palacio, a José María Iglesias, a Zarco y a El Nigromante, para asegurar que tras la reforma habría jueces y magistrados más imparciales e independientes. Dijo que sin importar cómo un juez sea nombrado, lo importante era “la virtud de la imparcialidad”. Dijo que resultarían electos los abogados más dignos y honrados. Dijo que no había que “desconfiar del pueblo”.
En abril de 2025 llamó a los partidos a no meterse en la elección. Aseguró que se trataba de una elección “netamente ciudadana”.
Al mismo tiempo, a partir de operadores cercanos, entre los que se menciona a Irineo Lizárraga Velarde, operó esa elección a modo.
¿Si Inzunza y sus cómplices entregaron el gobierno estatal al Cártel de Sinaloa, no hicieron lo mismo con el Poder Judicial? ¿Podría permitir el Cártel de Sinaloa la llegada de jueces y magistrados que lo pusieran en riesgo?
En Sinaloa se preparan acusaciones que sostienen que para estar en el “acordeón” era preciso contar la autorización de los jefes del Cártel —y, en cada municipio, con la venia de los jefes de plaza.
Inzunza es uno de los perfiles de mayor peso dentro del partido oficial. Un operador de primer nivel al lado de Adán Augusto López e Ignacio Mier. De resultar culpable podría ser sentenciado a cadena perpetua o a una pena de 40 años. ¿Qué Poder Judicial le dejó a los sinaloenses?
Cuando la advertencia del fiscal general de Estados Unidos finalmente adquiera un perfil, un nombre, tal vez esa pregunta podrá ser contestada.
@hdemauleon
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