Iván tiene 25 años, es colombiano, y llegó a México con una maleta y una promesa de trabajo digno. Al aterrizar en el aeropuerto de Guadalajara, tres hombres le quitaron sus documentos y le dijeron que ahora les pertenecía. Iván también tiene síndrome de Marfan: una enfermedad hereditaria que afecta el tejido conectivo, que lo obliga a usar silla de ruedas en sus peores días, y que hace físicamente imposible que cargue un arma de alto calibre.
Hoy Iván está preso en un penal estatal en Michoacán, vinculado a proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Tuve la oportunidad de conocer a su familia. Son personas de trabajo y de valores que no entienden cómo su hijo —que vino a México buscando exactamente lo que cualquier familia humilde desea para los suyos— terminó en un penal. Yo tampoco lo entiendo del todo. Pero sí entiendo lo que el expediente revela sobre cómo funciona este país cuando un hombre sin recursos, sin papeles y sin defensa digna cae en las manos equivocadas.
El expediente tiene irregularidades que documentan, con precisión quirúrgica, lo que ocurre cuando el sistema decide consignar antes de investigar. La defensa presentó tres dictámenes médicos que acreditan la condición de Iván, una opinión técnica que concluye que el síndrome de Marfan le impide realizar actividades de alto impacto, y un informe de balística que establece el peso exacto del arma que supuestamente portaba: 3.3 kilogramos con cargador y treinta cartuchos. En audiencia, el propio juzgador pudo observar que Iván apenas podía levantarse de una silla de ruedas y caminar dos metros apoyándose en el mobiliario. Todo eso fue desestimado.
Pero hay un detalle que merece detenerse. Para determinar si Iván físicamente podía cargar ese peso, se le realizó una prueba de fuerza. El equipo especializado para llevarla a cabo no funcionó ese día. Se procedió de manera manual. El resultado: Iván puede cargar exactamente el peso del arma que se le atribuye. Esa prueba, con esa coincidencia, con esa metodología, está en el expediente y fue tomada como válida.
Lo que también está en el expediente es la declaración de un médico legista que afirma que Iván le confesó ser gente del Mencho.
Detengámonos aquí también.
La obligación de ese médico era documentar si Iván había sido torturado. Tenía lesiones en el cuerpo que, según él mismo declaró, fueron ocasionadas por terceros cuando estuvo en la sierra. En lugar de cumplir esa función, el perito introdujo al expediente una supuesta confesión de pertenencia al Cártel Jalisco Nueva Generación. Una confesión que nadie más presenció, que no consta en ningún otro registro, y que convierte al garante de la integridad física del detenido en un instrumento de la acusación.
¿Cómo va a ser gente del Mencho un hombre que llevaba pocos días en México, que llegó con una maleta buscando trabajo, y cuya condición médica documentada le impide cargar lo que se le acusa de portar?
La pregunta no es retórica. Es la pregunta que el sistema penal mexicano se niega sistemáticamente a hacerse: ¿quién dentro de la delincuencia organizada está ahí por voluntad propia, y quién fue cooptado, amenazado, secuestrado desde el momento en que pisó suelo mexicano? No hacerse esa pregunta es conveniente. Simplifica el trabajo. Permite consignar sin distinguir. Y en algunos casos, la nacionalidad de una persona o su presunta conexión con un cártel parece funcionar como atajo hacia una conclusión que ya estaba tomada antes de revisar la evidencia.
Hay algo más que quiero nombrar, porque creo que es parte del problema y no solo del caso. Las personas que trabajan en fiscalías especializadas en delincuencia organizada están expuestas de manera cotidiana a niveles de violencia que no tienen precedente. Lo hacen sin atención sistemática a su salud mental, sin protocolos serios de contención, cargando un trauma vicario que se acumula expediente tras expediente. Eso no los exonera. Pero sí ayuda a entender cómo se llega a un lugar donde consignar se vuelve más urgente que investigar, donde presentar resultados importa más que preservar la inocencia. Inculpar a inocentes no es combatir al crimen organizado. Es replicar su misma lógica: el que cae, cae.
Desde Penitencia hemos podido acercarnos a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, acompañadas del Consulado de Colombia, y ha habido apertura para escucharnos, y eso lo reconozco y lo agradezco. Pero hoy estamos atadas de manos: por la manera en que se integró el expediente desde el inicio, por la calidad de la defensa que tuvo Iván cuando más la necesitaba, y porque mi solicitud para entrevistarlo en el centro de reclusión en Michoacán fue negada.
Lo que más me pesa no es solo eso. Es esto: la carpeta de investigación que busca vincularlo a proceso y sentenciarlo de forma condenatoria ha avanzado con notable velocidad. La carpeta de trata de personas, aquella donde Iván aparece como víctima, casualmente no ha tenido el mismo impulso. Dos carpetas, un mismo hombre, una sola dirección de marcha.
México tiene una deuda pendiente con la pregunta del reclutamiento forzado. Mientras no construyamos criterios serios para distinguir a las víctimas de los perpetradores dentro del crimen organizado, seguiremos llenando penales con personas cuya historia nadie se tomó el tiempo de escuchar. Y seguiremos llamando justicia a lo que en realidad es velocidad.
Iván llegó a México buscando una vida mejor. El Estado mexicano todavía no le ha preguntado por qué estaba ahí. Y eso, también, es una forma de violencia.
Presidenta de Reinserta
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