Lo de Acapulco indigna. Pero no es lo que más debería dolernos. Sí, alguien fue capaz de desviar —por robo, por negligencia o por lo que sea— donaciones destinadas a niñas y niños que lo han perdido todo. Eso, en sí mismo, es brutal. Pero lo verdaderamente alarmante es otra cosa: la normalidad con la que en este país se les quita, una y otra vez, a las infancias que más necesitan. Porque lo de Acapulco no es una excepción. Es una advertencia.
En México hay niñas y niños creciendo en entornos donde la violencia no es un evento, es el idioma. Niños de seis, siete, ocho años que ya tienen un punto de venta de droga. Que ya saben cuánto vale una vida: dos mil, tres mil, cuatro mil pesos.
Niñas que son captadas por redes de trata antes de entender lo que significa su propio cuerpo. Niños que pasan sus tardes en cárceles visitando a sus padres, porque es la única forma de verlos. Niñas que se duermen con miedo, esperando que en la madrugada alguien entre a su cuarto.
Y estamos actuando como si eso no fuera una emergencia nacional.
Un estudio de Reinserta con más de 12 mil personas privadas de la libertad encontró que nueve de cada diez tuvieron contacto con la violencia antes de los seis años. Antes de aprender a escribir su nombre.
Pero seguimos hablando de seguridad como si empezara en la patrulla. Como si el problema fuera el joven que dispara, y no el niño al que nadie protegió.
Hoy vemos con preocupación cómo en otros países se endurecen las leyes para menores agresores: bajar la edad penal, aumentar condenas. Castigar más pronto, castigar más fuerte.
Y mientras tanto, aquí seguimos sin voltear a ver a los niños que son víctimas. A los que sobreviven. A los que están aprendiendo, todos los días, que la violencia es la única forma de existir.
Hace unos días, en Acapulco, mientras intentábamos entender qué había pasado con las donaciones, también tratábamos de ayudar a una niña que había sido regresada por la propia autoridad a su agresora.
La niña se escapó. Cuando la encontramos, estaba golpeada, con el pelo cortado, aterrada. Pero su mayor miedo no era lo que le había pasado a ella. Era que sus hermanos seguían ahí.
Eso es México hoy. Y no, no es un caso aislado. Es un sistema que está fallando en lo más básico: proteger a quienes más lo necesitan.
No estamos llegando tarde. Estamos llegando nunca. Y mientras tanto, esas infancias crecen. Y lo que hoy es trauma, mañana se convierte en violencia replicada.
Luego nos preguntamos por qué hay adolescentes que entran con cuchillos a las escuelas. Por qué hay jóvenes dispuestos a matar. Por qué la violencia parece no tener fondo.
La respuesta es incómoda: porque llevamos años mirando hacia otro lado. Esto no se resuelve con más castigo. No se resuelve llenando refugios. No se resuelve con un DIF debilitado, asistencial, sin presupuesto y sin capacidad real de intervención.
Se resuelve entendiendo que esto no es un tema social. Es un tema de seguridad nacional. México necesita, con urgencia, una política de Estado que ponga a las infancias en el centro. Con presupuesto, con institucionalidad, con capacidad de prevención, atención y reparación real.
México necesita —sí, así de claro— una Secretaría de la Infancia. Porque no estamos hablando del futuro. Estamos hablando del presente que estamos dejando que se rompa frente a nosotros. Y de las consecuencias que, inevitablemente, vamos a pagar todos.