Abrí el expediente y no encontré criminales. Encontré dos payasos. No es metáfora. Ulises y Gerardo viven de hacer reír. De ponerse una nariz roja, de inflar globos, de animar fiestas infantiles y también eventos de adultos. Emprendedores. Trabajadores. De esos que en este país salen todos los días a ganarse la vida con lo que tienen.
En casi dos décadas entrando a prisiones, pocas veces me he topado con dos seres humanos tan profundamente buenos. Y, sin embargo, llevan siete años privados de la libertad por un delito que no cometieron. Siete años.
Su historia no empieza con una investigación seria. Empieza con una consigna absurda: “detengan a los payasitos”. Así, sin descripción. Sin criterios. Sin lógica. Ese día no solo los detuvieron a ellos. Detuvieron a otro hombre disfrazado de payaso. Porque en ese momento, en ese lugar, parecer payaso fue suficiente para volverte sospechoso.
Y después vino lo que tantas veces hemos visto: una acusación que no se sostiene, pero que se repite lo suficiente hasta volverse verdad pública.
Una familia —con antecedentes de extorsión— los señaló por secuestro.
Una plataforma amplificó la historia.
Los medios la replicaron. Y en cuestión de horas, Ulises y Gerardo dejaron de ser personas para convertirse en titulares: “payasitos secuestradores”. El daño estaba hecho.
Porque en México, cuando la narrativa se instala primero, la justicia casi nunca logra alcanzarla. Lo más grave no es solo la acusación falsa. Es que el sistema decidió sostenerla. Las inconsistencias son evidentes. Las versiones de los policías no tienen coherencia interna. Los hechos narrados por los denunciantes desafían cualquier lógica: en menos de cinco segundos —según la acusación— dos hombres suben a una menor a una motocicleta, avanzan apenas tres metros y la bajan.
Cinco segundos. Pero ni siquiera eso fue suficiente para generar duda. Las pruebas de la defensa —videograbaciones donde se les ve pidiendo auxilio en comercios, el testimonio de una clienta que estuvo con ellos minutos antes— fueron ignoradas. Literalmente. Se les dio valor probatorio nulo.
Como si no existieran. Como si la presunción de inocencia fuera opcional. Como si la verdad estorbara. Hoy, siete años después, Ulises y Gerardo siguen en prisión. Lejos de Sara, esposa de Gerardo. Lejos de Erika, madre de Ulises. Lejos de sus hijos, de sus familias, de una vida que se quedó congelada el día que alguien decidió que eran culpables.
Y hay algo todavía más doloroso: incluso bajo la lógica de la propia acusación, hay un atenuante claro en la ley. Si un menor es liberado dentro de las primeras 24 horas, la pena debe reducirse a la mitad. Es decir, ni siquiera deberían seguir ahí. Pero siguen. Porque el problema no es solo la injusticia. Es la inercia del sistema.
El expediente de Ulises y Gerardo hoy está en manos del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. En manos de los magistrados Eduardo Castillo Robles, Miguel Ángel Silva Santillán y del ponente José Alberto González Aguilar. Ellos tienen hoy algo más que un expediente sobre su escritorio.
Tienen siete años de vida en pausa. Tienen a una familia esperando. Tienen la posibilidad de corregir una injusticia que otros decidieron no ver. Pero también —y esto es lo incómodo— tienen la responsabilidad de decidir si van a seguir sosteniendo una historia que no resiste lógica, ni pruebas, ni sentido común. Porque a estas alturas, no hacer nada también es una decisión.
No revisar a fondo, no cuestionar, no corregir, es elegir que Ulises y Gerardo pasen un día más en prisión. Un día más que no les corresponde. Mi corazón está con ellos.
Pero esto no se trata de empatía. Se trata de justicia. Desde Penitencia, la lucha por su libertad sigue y seguirá. Porque contar estas historias no es darles voz: es negarnos a normalizar el error. Y ojalá fuera un caso aislado. Lo peor es que no lo es. Ulises y Gerardo no son la excepción. Son el síntoma. La consecuencia directa de un sistema de justicia penal que falla —y que cuando falla, no solo castiga culpables, también encarcela inocentes. Miles. Miles de personas en este país están hoy privadas de la libertad por delitos que no cometieron. Personas cuyas vidas también se pausaron, cuyos hijos también crecieron sin ellos, cuyas familias también aprendieron a vivir en ausencia.
Esa es la deuda. Y cada día que pasa sin corregirse, deja de ser error… y empieza a ser responsabilidad.
Presidenta de Reinserta
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