Las Defensorías del Pueblo, cuya creación plantea la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, han servido más como organismos de control social y político al servicio de los gobiernos y no de los ciudadanos, alertaron especialistas, organizaciones civiles y activistas.

Entrevistados por EL UNIVERSAL, consideraron que eliminar la CNDH para crear una defensoría como las que existen en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Bolivia partidizaría los derechos humanos y el órgano podría intervenir en los procesos electorales, tal como ha sucedido en varias naciones de América Latina.

“A mí lo que me preocupa más es lo que está detrás de esta visión, que es que —al igual que en Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde también operan defensorías— [el organismo] pueda interferir en los ámbitos democráticos e incluso en los procesos electorales. Esto no es sólo una ocurrencia, sino una idea de que estos mecanismos jueguen un papel de control de los ciudadanos frente al poder”, señaló Patricia Olamendi, vicepresidenta de la Asociación de Doctores en Derecho.

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Consultada por EL UNIVERSAL, la activista resaltó que “en esos países lo que ha funcionado son regímenes autoritarios donde las personas no tienen ninguna posibilidad de defensa ante la comisión de violaciones graves de derechos humanos en su contra”.

Basta con voltear a ver la situación de Cuba, dijo, cuyos ciudadanos enfrentan una dictadura que mantiene a todos los opositores en la cárcel o los desaparecen, y donde los derechos humanos no tienen siquiera la mínima validez.

“Nicaragua también es una tragedia porque encarcela a las personas por la sola protesta (...) En el caso de Venezuela, a todos nos queda clara la violencia que ha ejercido su gobierno contra la población”.

Aseguró que una defensoría como la que plantea la titular de la CNDH “no puede ser modelo en una democracia: México es un país democrático y la democracia va de lado del derecho que tienen las y los ciudadanos de defenderse de los abusos del poder”.

Olamendi aseveró que “con la llegada de la señora Piedra [Ibarra] a la Comisión Nacional [de los Derechos Humanos], lo poco que se había construido en esta área fue destruido. En eso tiene totalmente la razón al decir que esta CNDH no sirve.

“Y si no sirve la CNDH [es] porque ella se ha encargado de desmantelarla, de tergiversar, de obstruir, empezando por que en esa CNDH se encuentran trabajando personas que no tienen la menor idea de qué son los derechos humanos, empezando por la señora Piedra, por lo que no están enfocados en la defensa de los ciudadanos ante abusos, sino en la defensa del poder”.

Mencionó que durante los cinco años que Piedra Ibarra ha estado al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha cumplido con la defensa de los mismos, al contrario, argumentó que existe un enorme retroceso en el país en cuanto a violaciones graves de los derechos humanos que no han sido atendidas por la autoridad.

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Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), es evidente que el proyecto para eliminar la CNDH es un reflejo de la regresión y descomposición que hubo en materia de derechos humanos durante este sexenio, pues consideró que si bien la comisión necesita cambios urgentes de fondo, nada tienen que ver con alinearse a las estrategias, los objetivos y discursos del actual gobierno.

“En el Centro Prodh vemos en la actual gestión una deriva y la pérdida de solidez en el ejercicio de las funciones, que han sido acompañadas de mensajes públicos muy desafortunados que lesionan la investidura de este organismo, pues año con año hicimos balances y encontramos muchos retrocesos”.

El activista expuso que crear una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo tampoco es un modelo viable, ya que en otros países es abierto a la partidización. Es decir, se enfila tras el proyecto político del poder en turno, hecho que es muy grave pues la defensoría y promoción de los derechos humanos debe ser ajena a cualquier régimen.

“Convertir la CNDH en otra institución o desaparecerla, más que un cambio de fondo, es un cambio de ‘accesorio’ o ‘cosmético’ que no atiende a las necesidades de ejercicio de atribuciones, emisión de recomendaciones, fortalecimiento, acciones de constitucionalidad, gobernanza interna y comunicación. En cambio, le apuesta a acompañar tanto en discurso como en acciones a la narrativa que se genera desde la Presidencia de México”, señaló.

Expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del extinto Distrito Federal, Luis de la Barreda Solórzano dice convencido que la CNDH fue eliminada desde el momento en que Rosario Piedra Ibarra tomó las riendas del organismo, el 12 de noviembre de 2019.

“Ella eliminó la CNDH desde que tomó posesión, porque su actuación ha sido el silencio total y absoluto ante violaciones gravísimas a derechos humanos. Cómo es posible que no haya dicho nada ante la carencia de medicamentos para los niños con cáncer, a cuyos padres Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, acusó de promover un golpe de Estado. Y frente a esas acusaciones Piedra no dijo nada”, destacó.

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La titular de la CNDH se mostró omisa ante la desaparición del Seguro Popular, la extinción de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, la persecución contra Alejandra Cuevas y la clandestinidad con la que crearon los libros de texto gratuitos para educación básica, dijo.

“Insisto: ella prácticamente desapareció la Comisión Nacional y la puso al servicio del ‘pueblo’. Pero recordemos que para este gobierno morenista, [Andrés Manuel] López Obrador —y así lo han señalado legisladores del partido guinda— es la encarnación de la patria, de la nación y del pueblo”, comentó.

Michael Chamberlin, exintegrante del Consejo Consultivo de la CNDH y presidente de Consultora Solidaria, S.C., expresó que existe preocupación por la creación de esa defensoría ya que, desde su óptica, se formalizaría la politización de ese organismo a favor del grupo en el poder. “Justo esto es lo que no necesitamos de un organismo independiente”, sentenció.

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