La libertad de expresión es un pilar fundamental de toda democracia. Apenas hace una semana escribí en este mismo espacio sobre la necesidad de erradicar las agresiones contra periodistas. En lo que va del año, siete personas han sido asesinadas por ejercer la labor de informar, una realidad que exige que las instituciones del Estado actúen de forma urgente en defensa de las libertades.
Garantizar la libertad de expresión implica asegurar que las ideas circulen sin miedo, que el poder pueda ser cuestionado y que la sociedad debata libremente los asuntos públicos. Por ello, cuando las instituciones encargadas de proteger los derechos terminan restringiéndolos, es indispensable reflexionar sobre los límites de su actuación.
En días recientes, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó el retiro de diversas publicaciones al considerar, de manera preliminar, que podrían constituir calumnia por hacer señalamientos sobre organizaciones políticas. Más allá del caso concreto, la decisión abre una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede llegar la autoridad electoral cuando está en juego la libertad de expresión y el debate democrático?
La Constitución establece límites a la libertad de expresión, pero toda restricción debe ser excepcional, estar plenamente justificada y responder a criterios estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En una democracia, la crítica política puede ser dura, incómoda e incluso perturbadora. Esa incomodidad, por sí sola, no puede justificar el silenciamiento de voces.
La preocupación adquiere una dimensión mayor en un país donde la violencia contra periodistas persiste y donde existe una legítima inquietud por la posible intervención del crimen organizado en la vida pública. Estos asuntos deben poder investigarse, discutirse y cuestionarse con plena libertad. La respuesta frente a una acusación debe ser la evidencia, la transparencia y la rendición de cuentas, no la eliminación de contenidos ni la inhibición del debate público.
Una preocupación similar surge con la discusión de los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias. La protección de estos derechos es indispensable, pero algunas de las disposiciones propuestas contienen ambigüedades que deben revisarse con cuidado. Resulta especialmente delicado abrir la puerta para que una autoridad determine qué información es falsa o descontextualizada, supervise las decisiones de las defensorías de las audiencias o imponga sanciones que puedan influir en los criterios editoriales de los medios de comunicación.
Los derechos de las audiencias y la libertad de expresión no son principios contrapuestos. Por el contrario, se fortalecen mutuamente cuando existen reglas claras, objetivas y respetuosas de la independencia periodística. La consulta pública sobre esos lineamientos representa una oportunidad para corregir cualquier disposición que permita interpretaciones discrecionales o genere mecanismos de presión sobre quienes informan.
Una democracia no teme a la crítica ni al escrutinio. México necesita instituciones fuertes, imparciales y comprometidas con la protección de las libertades. Porque cuando el Estado comienza a decidir qué puede decirse y qué puede publicarse, el riesgo deja de ser únicamente para periodistas y medios de comunicación y se convierte en una amenaza para el derecho de toda la sociedad a informarse, deliberar y participar libremente en la vida pública del país.Presidenta de la Cámara de Diputados