Abogados presentan en el Senado solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa; alertan por "narcogobierno subordinado"

Abogados y representantes de la sociedad civil acudieron al Senado de la República para solicitar la desaparición de poderes en Sinaloa, ante el “contubernio entre las autoridades y el crimen organizado” y la existencia de un “narcogobierno subordinado a los poderes fácticos”.

En conferencia de prensa, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, acompañado de la senadora del PRI Paloma Sánchez, advirtió que en Sinaloa no ha habido ningún cambio porque el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza manejan a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla.

Denunció que Sinaloa vive la mayor tragedia de su historia, con un clima de terror, asesinatos y una violencia desatada que ha provocado que más de 50 mil sinaloenses hayan abandonado el estado.

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“Somos el epicentro de la inseguridad, no solamente en el país, sino en el mundo”, recalcó.

Dijo que todos los días se viola el artículo 4º bis de la Constitución Política de Sinaloa, que establece “de manera clara y contundente que los ciudadanos sinaloenses tenemos como derecho humano vivir en un estado libre de violencia”.

Ricardo Beltrán, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados en el Senado de la República. Foto: Especial

“Nosotros no queremos nada que tenga que ver con este narcogobierno, porque le vendieron su vida al diablo y con ello nos llevaron a todos los sinaloenses. Por eso nos hemos decidido, los ciudadanos sinaloenses, a la desaparición de poderes en Sinaloa. Tal vez parezca una ilusión, una esperanza para nosotros, pero tenemos mucha confianza en que al momento de presentar esta solicitud despierten los senadores y convoquen a una sesión extraordinaria para ver este tema especial, porque lo que estamos viviendo los sinaloenses es de terror”, recalcó.

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Por su parte, la senadora Paloma Sánchez señaló que en los últimos 21 meses Sinaloa acumula 2 mil 815 homicidios, 3 mil 878 personas desaparecidas, más de 10 mil vehículos robados, 3 mil 817 comercios asaltados y pérdidas económicas por alrededor de 170 mil millones de pesos. Aseguró además que la violencia ha provocado la pérdida de 38 mil empleos y el cierre de casi 7 mil empresas y negocios.

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