A 20 años de Atenco, mujeres víctimas de violencia sexual sin justicia; "no fue un exceso aislado, fue una forma de castigo", acusan
En un conversatorio, sobrevivientes recordaron fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual sigue sin acatar el gobierno de México
A dos décadas de los operativos policiacos en San Salvador Atenco, Estado de México, sobrevivientes de dicha represión reafirmaron su exigencia de justicia durante un conversatorio en la Universidad Iberoamericana, donde denunciaron que la violencia ejercida por fuerzas de seguridad no fue un hecho aislado, sino una práctica sistemática en la que el cuerpo de las mujeres fue utilizado como mecanismo de castigo.
Edith Rosales, en representación de sus compañeras, sostuvo que las agresiones incluyeron tortura sexual por parte de policías federales, estatales y municipales.
El encuentro, acompañado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también recuperó la memoria de uno de los episodios más emblemáticos de abuso policial en el país.
Se recordó que el caso escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que condenó al Estado mexicano debido a las violaciones cometidas. A pesar de dicho fallo, la justicia no se ha materializado.
La memoria institucional de la Iberoamericana también remite a otro momento clave vinculado con Atenco: la visita en 2012 del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, quien defendió el operativo como un “uso legítimo de la fuerza”. Aquella confrontación estudiantil detonó el movimiento #YoSoy132, que colocó en el centro del debate público la rendición de cuentas y el cuestionamiento al poder.
Durante el conversatorio, Rosales profundizó en la dimensión de género de la represión y subrayó: “Lo que vivimos no fue un exceso aislado. Fue una forma de castigo dirigida a las mujeres”. Explicó que desde el momento de la detención quedó claro que la violencia tenía un componente específico: “Los insultos no eran neutros, estaban cargados de desprecio, de dominio, de una intención clara de someternos por ser mujeres”.
Relató que durante los traslados las amenazas se convertían en antesala de las agresiones. “Frases como ‘a estas viejas nos las vamos a echar’ no eran palabras al aire, eran advertencias de lo que iba a pasar”, dijo. En ese contexto, denunció que la violencia sexual fue ejercida de forma sistemática como un mecanismo de control y castigo.
Edith Rosales hizo énfasis en el papel que jugaron mujeres policías dentro del operativo. “No estuvieron para protegernos. Fueron parte del mecanismo”, afirmó, al señalar que participaron en actos de intimidación y en la entrega de detenidas a elementos masculinos. “Había amenazas constantes, te quebraban emocionalmente antes de cualquier otra agresión”, agregó.
La violencia física, recordó, fue igualmente brutal. “Nos azotaban contra la pared una y otra vez”, dijo, al describir escenas en las que los cuerpos eran empleados como objetos. “Las paredes blancas terminaron llenas de sangre. Esa imagen no se borra”, expresó. A ello se sumó la falta de atención médica adecuada, que se convirtió en otra manera de vulneración: “Cuando pedíamos ayuda, nos condicionaban. Nos pedían desnudarnos. No era atención, era otra forma de control”.
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Cumplimiento del fallo de la CIDH, parcial
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México” marcó un precedente en la región al reconocer la responsabilidad del Estado mexicano por la detención arbitraria, tortura física, psicológica y sexual contra 11 mujeres durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006. Pero, a casi dos décadas de los hechos y más de ocho años del fallo, su cumplimiento sigue siendo parcial.
El fallo acreditó la violencia sexual como una forma de tortura con componente de género y ordenó medidas concretas como investigar y sancionar a los responsables —incluida la cadena de mando—, brindar atención médica y psicológica a las víctimas, realizar un acto público de reconocimiento, capacitar a las fuerzas policiales y fortalecer mecanismos para prevenir y sancionar la tortura sexual.
Durante un conversatorio organizado por la Universidad Iberoamericana en alianza con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la abogada Karina Fernández advirtió que el incumplimiento no es un problema técnico, sino estructural, y señaló que el caso Atenco evidencia una constante regional: “Pase lo que pase, transcurran los gobiernos que transcurran, la impunidad de los actores policiales permanece”, lo que, dijo, “deja en evidencia quienes nos gobiernan”.
Fernández alertó acerca de formas de negacionismo institucional que buscan justificar la violencia estatal bajo argumentos como el “orden público”, lo que debilita el alcance transformador de la sentencia y perpetúa patrones de represión.
Desde el ámbito jurídico, el abogado Luis Tapia sostuvo que el obstáculo no radica en la falta de herramientas legales, sino en la ausencia de voluntad política. “El Estado mexicano tiene en su legislación penal vigente herramientas necesarias para investigar a los superiores jerárquicos responsables”, explicó, al tiempo que advirtió que el empleo de figuras como la “complicidad correspectiva” puede diluir responsabilidades e impedir que las investigaciones escalen hacia los mandos superiores.
Detalló que tanto el derecho penal internacional como el Código Penal Federal contemplan mecanismos como la responsabilidad de mando, la coautoría, la emisión de órdenes y la comisión por omisión, que permitirían fincar responsabilidades en niveles altos de decisión; no obstante, insistió: “la deuda del Estado no es de marco normativo, sino de voluntad”.
A estas críticas se suman las voces de las sobrevivientes. Edith Rosales cuestionó que las medidas ordenadas por la Corte, particularmente en materia de capacitación y supervisión policial, no se han materializado en la práctica. Desde su experiencia, estos mecanismos “sólo existen en el papel”, mientras que las condiciones que permitieron la violencia en 2006 no han sido erradicadas.
Frente a ello, planteó la necesidad de crear un observatorio ciudadano independiente, ajeno al gobierno, que vigile el actuar de las fuerzas policiales y el cumplimiento de la sentencia, como una vía para romper los ciclos de impunidad que persisten en el caso Atenco.
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