Bruselas

La protección de los derechos de las personas transgénero continúa siendo una asignatura pendiente de la Unión Europea (UE) a pesar de abanderar la defensa de las libertades fundamentales. Si bien hay avances considerables desde 2014, cuando el bloque adoptó un plan de acción con medidas específicas para atender las necesidades de los grupos más vulnerables, estas personas siguen siendo víctimas de acoso, exclusión y discriminación en prácticamente todos los escalafones de la sociedad, desde el educativo y laboral hasta el médico.

“La situación desde 2014 ha cambiado considerablemente en Europa, pero no necesariamente por la hoja de ruta de la UE”, dice a EL UNIVERSAL Mina Tolu de Transgender Europe (TGEU), una red que brinda asistencia legal en casos civiles, criminales y administrativos.

“Es resultado de la suma esfuerzos. Los colectivos de personas LGBT son cada vez más fuertes, el Consejo de Europa [con sede en Estrasburgo] ha fijado los estándares a seguir a nivel internacional, y el tema es cada vez más un asunto asociado a los derechos de los niños, lo cual está sumando a la lucha organizaciones y ombúdsmanes defensores de la infancia”, detalla Sophie Aujean de la Asociación de Lesbianas y Gays de Europa (ILGA, por sus siglas en inglés).

En su análisis sobre la situación en el Viejo Continente, Aujean identifica tres grupos: el de avanzada está compuesto por Malta, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Bélgica y Noruega (no miembro de la UE), distinguidos por introducir normativas de reconocimiento de la identidad de género basados en la autodeterminación de las personas. Por ejemplo, la pequeña isla de Malta introdujo en abril de 2015 una legislación de nueva generación que incluyó la despatologización, garantizando así el acceso médico libre de estigmas tanto adultos como niños trans.

Noruega, por su parte, ha roto tabús reduciendo hasta los siete años la edad en que un niño puede definir su género, con el previo consentimiento de sus padres.

A medio escalafón se encuentran países como Holanda, Reino Unido, Suecia, España, Italia y Portugal, que han algunas áreas, como la abolición de la exigencia de la esterilización, pero mantienen un filtro patológico, es decir, exigen un diagnóstico médico como parte de los procedimientos para el reconocimiento de género. “Un diagnóstico obligatorio profundiza aún más el estigma, la exclusión y la discriminación, ya que se basa en la noción falsa de que ser trans es una enfermedad relacionada a un desorden mental”, sostiene Aujean.

El bloque más hostil es aquel en donde incluso el activismo en defensa de la comunidad LGBT supone un riesgo, como es el caso de Rusia.

En total, a nivel continental 41 países cuentan con algún tipo de procedimiento de reconocimiento de identidad, pero de ellos, 34 aún contemplan tratamientos médicos previos a la rectificación de sexo.

Asimismo, 14 países demandan la esterilización como trámite en el proceso de definición de identidad, 21 solicitan comprobante de divorcio y 33 mantienen límites de edad, lo cual imposibilita a un menor solicitar el reconocimiento de su identidad.

“La identidad de género no es un desorden. Debe confiarse en las personas transgénero por lo que son. El reconocimiento del género debe basarse en la autodeterminación de la persona, por lo que debe eliminarse del proceso todo aspecto médico”, dice por su parte Richard Köhler, experto de TGEU.

Al margen de los obstáculos legales para la autodeterminación, las personas trans sufren el calvario de procedimientos médicos inadecuados y tardados; en Holanda el tiempo de espera para la transición clínica es de aproximadamente 2 años.

A todo esto habría que añadir que estas personas son consideradas uno de los blancos principales de los llamados crímenes de odio. Transgender Europe documenta 2 mil 609 asesinatos en 71 países entre 2008 y 2017, de los cuales 325 se produjeron en el periodo de octubre de 2016 a septiembre de 2017.

La mayoría de los asesinatos durante el último periodo de estudio, tuvieron lugar en Brasil (171) y México (56). En Europa, Turquía es el país de mayor riesgo, con 44 casos. Francia, Italia, Portugal y España, los principales receptores de migrantes transgénero procedentes de Africa y Sudamérica, también tuvieron fatalidades.

“El próximo paso en Europa es seguir abogando por el reconocimiento legal de género basado en la autodeterminación”, afirma Tolu. “Si bien muchos países ya eliminaron el requisito de esterilización, todavía quedan muchos procedimientos discriminatorios, como el obtener un diagnóstico de salud mental”.

Aujean sostiene que hay que generar las condiciones sociales para que las personas “salgan del clóset”, pues el silencio en el que muchas viven “alimenta el círculo vicioso de odio, violencia y exclusión”.

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