Violaciones  a derechos manchan fiestas en AL
Un grupo de opositores de Nicaragua demandó el pasado 24 de diciembre, en Managua, la liberación de los prisioneros políticos nicaragüenses. ALIANZA CÍVICA POR LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA DE NICARAGUA

Violaciones a derechos manchan fiestas en AL

26/12/2019
01:51
José Meléndez / corresponsal
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CIDH alerta por las muertes en las protestas en Chile, Bolivia, Ecuador, Haití y Colombia; así como por las condiciones malas en las cárceles de Brasil, El Salvador y Honduras

San José

América vivió una Navidad con un acumulado saldo en rojo de violaciones continentales a los derechos humanos durante 2019. En un mensaje en Twitter, el brasileño Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuso el deterioro.

“Les deseo apenas que se tomen un tiempo para pensar en las personas presas políticas [en Nicaragua, Venezuela y Cuba]; victimadas en las protestas [de este año en Chile, Bolivia, Ecuador, Haití y Colombia]; deshumanizadas en las prisiones [en Brasil, El Salvador y Honduras]; asiladas y refugiadas [como migrantes sin documentos en México y Estados Unidos], así como las desaparecidas, perseguidas, discriminadas y sometidas a la injusticia”, indicó.

El uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), fustigó a Cuba por tener “más de 123 presos de conciencia víctimas de un régimen que no respeta” los derechos humanos.

Aseguró que, basado en el Foro Penal, grupo venezolano que estudia los derechos humanos en ese país, hay 388 prisioneros políticos: 370 hombres y 18 mujeres, 268 civiles, 120 militares, todos adultos.

Organizaciones no estatales nicaragüenses aseguraron que en ese país de Centroamérica hay al menos 150 presos políticos por la represión oficialista que se desató con el estallido de una crisis en repudio al gobierno y en demanda de democracia en abril de 2018. La Habana, Caracas y Managua niegan que en sus países haya presos políticos y aducen que son terroristas y criminales pagados por Washington.

Hacinamiento en prisión

Otros flancos en rojo recrudecieron en 2019 por hacinamiento, corrupción y violencia en las cárceles de América Latina y El Caribe.

La crisis penitenciaria se agravó en Honduras, donde 39 presos comunes murieron en una cadena de hechos sangrientos con pistolas, cuchillos y machetes en dos cárceles entre el viernes y el domingo.

Al exhortar por el “respeto” a los derechos humanos de los reos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos advirtió que “observa con alarma la violencia” en los centros de esa nación.

Cifras de 2018 y de 2019 del Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, de Londres, mostraron que El Salvador tiene 38 mil 939 presos y su capacidad es para 18 mil 51. Honduras, que el 17 de este mes militarizó el sistema carcelario, reportó 20 mil 506 privados de libertad, aunque sus prisiones pueden albergar 10 mil 600. Brasil sumó 746 mil 532 reos y su capacidad es para 423 mil 456.

Los estallidos de inconformidad social en octubre y noviembre en Chile, Ecuador, Colombia, y desde febrero de este año en Haití fueron atacados con represión, en un desenlace de muerte y otras violaciones de derechos humanos.

Junto a la turbulencia en octubre y noviembre por la crisis electoral en Bolivia, la violencia política también golpeó a Panamá, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, entre otros, en 2019.

Las violaciones aparecieron en México y Washington frente al masivo flujo de migrantes latinoamericanos, caribeños, asiáticos y africanos sin documentos, con aglomeración en centros de retención.

“La búsqueda de oportunidades es un sufrimiento (...) En vez de solucionar sus problemas socioeconómicos y de seguridad, enfrentan violaciones a sus derechos humanos o mueren”, lamentó Miguel Montenegro, director ejecutivo de la (no estatal) Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.

Para completar el cuadro, Venezuela, Argentina, Perú y Guatemala fueron notificados en diciembre de 2019 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les condenó por violaciones a las garantías esenciales de sus ciudadanos.

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