La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto sus ojos en la industria petrolera de Venezuela, una situación provocada por décadas de malos manejos gubernamentales y autodestrucción económica. Un país con las reservas probadas de crudo más grandes del mundo permitió que su empresa petrolera estatal se hundiera en la corrupción, la incompetencia y la politización. El resultado fue un colapso histórico en la producción, una crisis fiscal crónica y la pérdida de una de sus herramientas de desarrollo más importantes.
Por años, el colapso petrolero de Venezuela ha sido retratado como un caso excepcional, producto de circunstancias extremas. Sin embargo, una mirada cercana revela algo más preocupante: muchas de las fuerzas que destruyeron PDVSA se pueden encontrar en Pemex.
En Venezuela, la corrupción no fue un accidente, sino un sistema. Las investigaciones realizadas por grupos de vigilancia y medios de comunicación internacionales han documentado más de 90 casos importantes de corrupción relacionados con el sector petrolero, con pérdidas estimadas que superan los 40 mil millones de dólares directamente asociados con PDVSA. Estas pérdidas se debieron a contratos inflados, intermediarios opacos, esquemas paralelos de comercio de petróleo y el desvío sistemático de ingresos. Con el tiempo, la corrupción vació la capacidad operativa de PDVSA, destruyó los controles internos y aceleró el colapso de la empresa.

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Estimados más amplios sugieren que las pérdidas totales por corrupción y mala gestión en todo el sector público venezolano —en gran parte centradas en PDVSA— ascienden a decenas de miles de millones de dólares más durante los años de Chávez y Maduro. Si bien las cifras exactas varían, la tendencia es inequívoca: la corrupción drenó el capital, socavó el profesionalismo y convirtió a la empresa petrolera nacional en un vehículo para el enriquecimiento político y personal.
México no enfrenta una corrupción de tal magnitud, pero el problema es persistente y costoso. Pemex lleva décadas plagada de corrupción, desde escándalos en la contratación pública hasta robos de combustible a gran escala. Las estimaciones oficiales indican que sólo el robo de combustible le ha costado a Pemex más de 3 mil 500 millones de dólares en los últimos cinco años, una cifra que sólo refleja una dimensión del problema. Las pérdidas adicionales relacionadas con la corrupción en la contratación y la débil supervisión son más difíciles de cuantificar, pero lo suficientemente importantes como para erosionar la confianza de los inversores y tensar las finanzas públicas.
El problema fundamental no es sólo el dinero perdido, sino la señal que se envía. Cuando la corrupción se normaliza y queda impune, los costos de financiación aumentan, la inversión disminuye y el rendimiento operativo se deteriora. La experiencia de Venezuela muestra lo rápido que esta dinámica puede destruir una empresa petrolera nacional. Pemex aún no ha llegado a ese punto, pero las señales de advertencia son claras.
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A medida que PDVSA se deterioraba, la transparencia desaparecía. Los estados financieros y los datos de producción fiables se volvieron escasos, y la rendición de cuentas se esfumó. La opacidad protegió a los responsables de la mala gestión, al tiempo que ahuyentó a socios e inversores.
Pemex se enfrenta hoy a un reto similar. Los estados financieros difíciles de interpretar, los retrasos en la publicación de información clave y el debilitamiento del gobierno corporativo hacen que sea casi imposible evaluar la verdadera situación de la empresa. Esta opacidad no sólo socava la confianza del mercado, sino que también facilita la corrupción y el robo de recursos públicos.
El colapso operativo de PDVSA no puede explicarse únicamente por las sanciones o los bajos precios del petróleo. Fue impulsado por decisiones políticas que dejaron de lado a ingenieros, geólogos y gerentes experimentados, reemplazándolos por leales que carecían de conocimientos sobre el negocio petrolero moderno.
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Pemex se enfrenta a un riesgo similar. La empresa no ha invertido lo suficiente en su plantilla y, lo que es más importante, ha colocado en puestos clave a personas que no comprenden lo profundamente que ha cambiado la industria petrolera en las últimas décadas. La exploración en aguas profundas, la recuperación mejorada, la digitalización y la gestión de las emisiones requieren sofisticación técnica. La ideología y la improvisación no producen barriles.
Uno de los golpes más devastadores para el sector petrolero venezolano fue la destrucción de la seguridad jurídica. Los cambios contractuales unilaterales, los cambios normativos arbitrarios y las expropiaciones convirtieron al país en un destino tóxico para las inversiones.
La reputación de México como destino fiable para la inversión en energía se ha deteriorado considerablemente desde 2018. Los constantes cambios normativos, las reinterpretaciones retroactivas y la politización del sector han suscitado serias dudas sobre la previsibilidad y el estado de derecho. En un sector donde los proyectos se prolongan durante décadas, la incertidumbre es letal.
Durante años, PDVSA se utilizó como fuente de financiación para el gasto público y los proyectos políticos. El resultado fue una falta crónica de inversión en exploración, mantenimiento y tecnología. Sin inversión, no se ha realizado el mantenimiento, no se han perforado nuevos pozos y las nuevas tecnologías se han infrautilizado.
Pemex ha vivido una historia muy similar. Durante décadas, los sucesivos gobiernos han tratado a la empresa como una fuente de ingresos fiscales. Las elevadas cargas fiscales han dejado poco margen para la reinversión, lo que explica el descenso de la producción y la falta de adopción de nuevas tecnologías. Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo y se ha convertido en una importante carga para las finanzas públicas. Sin una inversión sostenida, el declive se vuelve estructural.
En Venezuela, PDVSA dejó de ser una empresa y se convirtió en una herramienta política, social y electoral. Las decisiones se tomaban en función de la lealtad y las narrativas ideológicas, más que de la eficiencia. PDVSA financiaba directamente el teatro, las escuelas, la atención sanitaria y las actividades comunitarias.
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Pemex siempre ha sido política, pero en los últimos años se ha intensificado su uso como símbolo de soberanía y bandera electoral. Es más, desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, en 2018, se ha utilizado cada vez más como herramienta de política social y clientelismo. Cuando una empresa petrolera nacional se gestiona para ganar votos en lugar de crear valor, son las finanzas públicas y los contribuyentes los que terminan pagando los costes.
Venezuela usó la diplomacia del petróleo para crear alianzas políticas, enviar crudo subsidiado a gobiernos aliados a expensas de su propia viabilidad financiera, con frecuencia, a gobiernos antagónicos a los intereses estadounidenses.
México está comenzando a mostrar señales preocupantes en este rubro. Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el país ha incrementado sus envíos petroleros a Cuba y recientemente rebasó a Venezuela como el mayor proveedor de la isla, en apoyo al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Más allá de la retórica de solidaridad, estas decisiones conllevan costos económicos y generan graves cuestionamientos acerca del uso de los recursos naturales para propósitos geopolíticos.
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El colapso petrolero de Venezuela no era inevitable. Fue el resultado acumulado de la corrupción, la opacidad, la incompetencia, la incertidumbre legal, la falta de inversión, la politización y el mal uso geopolítico del petróleo. En México hoy hay ecos preocupantes de cada una de esas dinámicas.
La lección no es que Pemex está destinada a convertirse en PDVSA, sino que incluso las mayores empresas petroleras nacionales, que cuentan con vastas reservas, pueden ser destruidas desde dentro. México aún tiene margen para cambiar de rumbo, pero la experiencia de Venezuela demuestra lo rápido que puede cerrarse esa ventana.
Director Ejecutivo de Hurst International y Fellow en el Wilson Center