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Brasilia.— La policía brasileña desplegó una operación para detener a tres sospechosos de “liderar” y “organizar” acciones golpistas desde la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, incluido el asalto a los tres poderes el 8 de enero.
Uno de los sospechosos ya ha sido detenido, mientras que los otros dos siguen en busca y captura, según informaron fuentes de la Policía Federal.
La investigación apunta a los tres investigados como presuntos responsables de bloquear carreteras en el municipio de Campos dos Goytacazes, en el interior del estado Río de Janeiro, en los días siguientes a la celebración de los comicios del 30 de octubre.
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También se sospecha que organizaron manifestaciones de cuño golpista frente a los cuarteles del ejército de esa ciudad que demandaban una “intervención” militar para devolver al poder a Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña.
Además, la Fiscalía General de Brasil denunció formalmente ante la Corte Suprema de Justicia a 39 personas vinculadas con los ataques perpetrados a las sedes de los tres poderes.
Los denunciados, acusados de invadir la sede del Senado, tendrán que responder por seis delitos, entre los cuales están golpe de Estado, asociación criminal y daños al patrimonio, según un comunicado divulgado por el Ministerio Público. Aparte de la condena de los implicados, el vicefiscal general, Carlos Frederico Santos, pidió la prisión preventiva de los denunciados “para evitar que se cometan nuevos delitos violentos contra el Estado democrático de derecho”.
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En este sentido, Brasilia anunció un fortalecimiento de la seguridad en las sedes de los poderes públicos vandalizadas. Los policías militares en los alrededores de la Explanada de los Ministerios y del palacio presidencial, el Congreso y la Corte Suprema aumentarán “de inmediato” de 248 a 500, dijo Celina Leao, gobernadora interina del Distrito Federal.
El viceministro de Justicia, Ricardo Cappelli, designado como interventor para la seguridad de Brasilia por el Ejecutivo, dijo que las investigaciones buscan determinar si hubo profesionales entre los invasores a las sedes de los tres poderes. “Había hombres en campo con conocimiento del terreno, tácticas de combate y características profesionales entre medio de los manifestantes”, afirmó.
En este contexto, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva revocó una normativa dictada por la administración de Jair Bolsonaro (2019-2022) que inhibía el acceso al aborto en Brasil incluso en los casos amparados por la ley. El Ministerio de Salud derogó la medida, en vigor desde septiembre de 2020, que obligaba a los médicos y a los hospitales a notificar a la policía que iban a realizar un aborto a una posible víctima de violación. El Diario Oficial ya incluye la nueva normativa.
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