San José.— Decidido a impedir que Venezuela gane un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno de Costa Rica lanzó ayer su candidatura para ocupar una plaza de América Latina y el Caribe, la cual Cuba dejará vacante en ese foro a partir de enero de 2020 y recordó que el régimen de Nicolás Maduro fue acusado de cometer “graves violaciones” contra el pueblo venezolano.

La decisión de San José sacudió al Grupo de Lima, bloque hemisférico creado en 2017 para consultas sobre la crisis venezolana que pareció inmóvil ante la elección de Venezuela en el consejo.

Costa Rica, país que exhibe un historial de décadas de respeto a los derechos humanos, abrió una pugna global porque enfrentará a los socios de Caracas: Cuba, Nicaragua, Bolivia, parte del Caribe anglosajón y el Movimiento de Países No Alineados, presidido por Venezuela y con una mayor membrecía en África y Asia que es leal a La Habana.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció en su cuenta de Twitter que “por las graves violaciones” a los derechos humanos “que evidenció” un informe que en julio pasado emitió la exmandataria chilena, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “el régimen de Venezuela no es candidato adecuado” para un puesto en el consejo en ese organismo internacional.

“Costa Rica se propone como alternativa”, indicó.

El informe de Bachelet culpó a Maduro de torturas, arrestos arbitrarios, persecución a opositores y de unas siete mil ejecuciones extrajudiciales. El cuestionado mandatario repudió el documento, lo catalogó de instrumento servil a los intereses imperialistas de Estados Unidos contra Venezuela y recalcó que su gobierno respeta los derechos humanos.

Una alerta internacional sobre el riesgo de que el gobierno de Maduro sea electo para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue lanzada el martes pasado por el expresidente costarricense Oscar Arias (1986—1990 y 2006—2010), premio Nobel de la Paz 1987, al recordar que, como zona, América Latina y el Caribe solo presentó dos candidaturas: Brasil y Venezuela.

“Si no hay un tercer candidato, Venezuela sería elegida. Mayor muestra de cinismo es difícil de encontrar”, ya que el régimen venezolano es el “mayor violador de los derechos humanos de la región”, alegó.

Creado en 2006, el consejo tiene 47 integrantes rotativos: 13 por África, 13 por Asia, ocho por América Latina y el Caribe, así como siete por Europa Occidental y otros bloques, y seis por Europa Oriental. Cada país podrá ejercer la plaza por tres años y dos periodos consecutivos.

Los países latinoamericanos y caribeños con escaño en el consejo son Uruguay, Argentina y Bahamas, hasta 2021, México, Perú y Chile, que finalizarán en 2020.

Brasil asumió en 2017, cesará en 20019 y podrá reelegirse, pero Cuba saldrá al cumplir dos periodos seguidos, de 2014 a 2016 y de 2017 a 2019. Venezuela logró un asiento de 2013 a 2015 y de 2016 a 2018, y Costa Rica de 2012 a 2014.

Prevista para el próximo 16 de octubre, la votación será en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, y podrán participar los miembros del organismo que reconozcan al consejo.

Estados Unidos no podrá votar, porque su presidente, Donald Trump, retiró a su país del consejo en junio de 2018, al aducir que ese foro es indigno de su nombre por acoger a países que, como Venezuela, Cuba y China, irrespetan los derechos humanos.

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