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Nueva York. Un tribunal federal de apelaciones mantuvo este lunes en vigor una orden que exige a la Administración del presidente Donald Trump que solicite el regreso a Estados Unidos de un hombre venezolano expulsado indebidamente a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador en marzo.
En un fallo de 2 a 1, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos rechazó bloquear la orden de un juez federal de Maryland que pedía la repatriación de un individuo de 20 años enviado a El Salvador a pesar de tener un caso de asilo pendiente y estar amparado por protecciones para menores inmigrantes no acompañados.
Y es que el hombre llegó a Estados Unidos como menor no acompañado y no podía ser objeto de una expulsión hasta que su caso de asilo se resolviera por completo, dictaminó el panel.
Los jueces DeAndrea Benjamin y Roger Gregory coincidieron en que el Gobierno planteó una postura "insostenible" de que Estados Unidos podía ampararse en la Ley de Enemigos Extranjeros porque, según la Administración Trump, los individuos expulsados eran miembros del grupo criminal el Tren de Aragua, que para el Ejecutivo ha actuado en el país norteamericano en connivencia con Venezuela.
"Nos enfrentamos nuevamente a los esfuerzos del Ejecutivo por dejar de lado el Estado de derecho en pos de sus objetivos", afirmó Gregory.
Y añadió: "Es deber de los tribunales erigirse como un baluarte contra las corrientes políticas que buscan anular las protecciones constitucionales y los principios fundamentales del derecho, incluso en nombre de fines nobles como la seguridad pública".
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Por otra parte, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este pasado viernes mantener el bloqueo que impide al presidente Trump utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación usada en tiempos de guerra, para deportar a migrantes venezolanos a los que acusa de ser criminales.
El alto tribunal estipuló que el bloqueo permanecerá vigente mientras un tribunal inferior, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, examina las alegaciones presentadas por migrantes y defensores de los derechos humanos.
El pasado 15 de marzo, abanderando la norma de 1897 Ley de Enemigos Extranjeros, la administración Trump activó un polémico operativo en el que envió al penal salvadoreño de máxima seguridad Cecot a 238 venezolanos y 23 salvadoreños, entre ellos también a un hombre llamado Kilmar Ábrego García, a los que acusó, sin haber publicado pruebas, de ser pandilleros.
Posteriormente, las autoridades migratorias estadounidenses admitieron haber deportado por error a Ábrego García, residente en Maryland, casado con un ciudadana estadounidense y al que un juez había prohibido devolver a su país.
aov/mgm
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