Texas, uno de los estados con política más antiinmigrante
La entidad se ha consolidado como uno de los territorios, junto con Florida, con acciones más restrictivas, más agresivas de EU contra indocumentados
Miami.— Texas cumple este 2 de marzo 190 años de su independencia de México, convertido en uno de los estados más antimexicanos y antiinmigrantes en sus políticas. El ejemplo más reciente fue la entrada en vigor y la aplicación administrativa del Proyecto de Ley Senatorial SB 8, que expande la colaboración entre los alguaciles y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
En la práctica, convierte en rutina que una detención local termine conectada con un proceso federal; y esa rutina cae con más fuerza en regiones donde el idioma y los apellidos son de origen latino, “que suenan mexicano” aunque la persona tenga ciudadanía o residencia legal.
Texas es uno de los estados con más personas de origen mexicano en Estados Unidos: entre 7.9 y 9.6 millones. Es, además, el segundo estado con mayor población migrante, después de California.
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Al mismo tiempo, se ha consolidado como uno de los estados —junto con Florida— con las políticas más restrictivas, más agresivas de EU. Uno de los ataques de odio más mortíferos contra latinos ocurrió también en Texas, en 2019, cuando Patrick Crusius irrumpió armado en un Walmart y mató a 23 personas, incluyendo ocho mexicanos, en El Paso, tras decir que quería “matar mexicanos”. Fue condenado en 2023 a 90 cadenas perpetuas.
Sin embargo, sería injusto decir que todos los texanos son antiinmigrantes o antimexicanos. De acuerdo con una encuesta de la Universidad de Houston, 64% cree que los indocumentados que cumplen ciertos requisitos deberían poder quedarse en Estados Unidos; de ese total, 56% piensa que deberían tener un camino para la ciudadanía. En cuanto a las políticas migratorias del gobierno federal, 51% las aprueba, contra 49% que las desaprueba.
Pero los operativos del ICE y las noticias sobre lo que ocurre en otros estados del país, ha influido en que los jóvenes texanos se muestren cada vez menos cooperativos con las autoridades migratorias, y más críticos.
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“La forma en que están deteniendo a los trabajadores, eso no está bien”, dijo una estudiante del Bryan College Station, al ver la violencia aplicada por los agentes sobre trabajadores y familias.
En Dallas, estudiantes salieron a manifestarse bajo la consigna: “¡ICE fuera!”, que se ha replicado en diversos estados del país.
Esta solidaridad con los migrantes contrasta con noticias como la de un estadounidense, en Buda, que golpeó a una estudiante latina durante una protesta contra el ICE y la amenazó con “entregarla a las autoridades migratorias”.
A nivel de leyes, las restricciones han venido de menos a más. En 2017, Texas empujó la ley conocida como Proyecto de Ley Senatorial de “ciudades santuario”, que prohibió políticas locales de no cooperación. La reacción incluyó una carta de líderes religiosos, quienes fijaron su postura: “Trabajamos para elevar y apoyar a los inmigrantes”. El enfrentamiento llegó a tribunales.
En 2021, el gobierno estatal texano fue más lejos, con la Operación Estrella Solitaria, lanzada por el gobernador Greg Abbott.
En su sitio oficial, el gobierno la justifica como respuesta a una “crisis migratoria” y afirma que Texas “está tomando medidas históricas” al desplegar a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).
Lo que sucedió fue un reforzamiento inédito a través de un despliegue de fuerza estatal y la normalización del control migratorio como tarea cotidiana del estado.
Abbott también ha presumido el traslado de migrantes a ciudades santuario como Washington, Nueva York y Chicago. También se han tomado medidas que han tocado un nervio bilateral entre Texas y México. En 2023, Texas anunció una barrera de boyas en el río Grande cerca de Eagle Pass para “disuadir” cruces. México respondió con una nota diplomática de protesta.
Luego vendría la iniciativa SB 4, de 2023, cuyo objetivo era convertir la entrada irregular a Texas desde un país extranjero en un delito estatal, permitiendo a la policía local detener y a jueces estatales deportar a migrantes. La iniciativa fue bloqueada. “No se trata de un asunto administrativo fronterizo; más bien se construye una narrativa de enemigo. Y ese enemigo se asocia, una y otra vez, con la frontera mexicana y lo mexicano”, dice a EL UNIVERSAL la vocería de MALDEF.