La primera semana de 2020, el senador estatal de Arizona Martín Quezada, uno de los líderes de la minoría demócrata en la Cámara, presentaba una nueva propuesta de ley con un texto muy parecido al que ha intentado aprobar, sin éxito, desde 2015: revocar de forma definitiva, absoluta y para siempre la polémica ley SB1070, considerada como una de las más antiinmigrantes que nunca se han aprobado en cualquier nivel legislativo en Estados Unidos.

“Uno de los momentos más vergonzosos y oscuros de la historia de Arizona fue la aprobación de la SB1070”, escribía Quezada en su Twitter. Este jueves se cumple una década de ese día que llenó de miedo a la comunidad migrante de Arizona y toda la Unión Americana.Para los que propusieron y aprobaron la ley, era la respuesta “lógica” al “descontrol” en la frontera con México y los cruces de indocumentados.

Para los críticos, era el punto final a una serie de medidas antiinmigrantes y racistas que potenciaban la discriminación y criminalización racial. Especialmente en su cláusula conocida como “muéstrame tus papeles”, donde los agentes policiales podían exigir el estatus migratorio con la sospecha de que podía ser indocumentado. Esta provisión es la única que se mantiene, con modificaciones, del texto actual, después que una batalla legal que llegó al Supremo destripara el resto de la ley.

La SB1070 fue el punto final de un trayecto destinado a placar a la comunidad indocumentada: años antes ya se habían implementado leyes que prohibían el español en la educación, impedía a los indocumentados acceder a becas y exigía a los empresarios buscar en bases de datos federales el estatus migratorio de sus empleados antes de contratarles. Una estrategia que se bautizó como “constricción a través de leyes” o, más explícitamente, un plan para la denominada “autodeportación”.

“Antes de la firma de la ley, la gente ya tenía mucho miedo, no se sentía bienvenida en el estado”, comentaba Petra Falcón, directora ejecutiva de Promise Arizona, asegurando que sentían como sí les abrazaban para hacer “trabajo sucio, pero no como seres humanos. Ese era el mensaje”.

Tuvo un efecto demográfico casi inmediato: un análisis de The Arizona Republic, con datos del censo y otras fuentes, señala que la población indocumentada (en un 80% de origen mexicano) se redujo en 50 mil personas de 2010 a 2017, la mitad de ellas huyendo de Arizona el primer año de implementación de la SB1070. Otros análisis elevan la cifra a 100 mil. Algo que, para los defensores de la propuesta, reconvertidos en seguidores del presidente Donald Trump, es muestra de su éxito.

El contexto actual de Estados Unidos, con la retórica y los ataques antiinmigrantes en plena efervescencia, usando a los inmigrantes como carne de cañón, han hecho recordar el momento de la SB1070, lo que significó y las reminiscencias que siguen presentes.

“Antes de Donald Trump ya existía Jan Brewer”, escribía el periodista del The New York Times, Josh Barro, en un artículo en febrero de 2016, cuando una presidencia del por entonces magnate era una utopía fantasiosa e inverosímil.

Brewer, la gobernadora de Arizona entre 2009 y 2015, compartía con Trump, entre otras cosas, una ideología muy dura con los inmigrantes. Para muchos, la SB1070 sirvió a los políticos para darse cuenta que el tema migratorio podía ser efectivo en sus luchas partidistas y electorales, algo que con el paso del tiempo se ha demostrado cierto, especialmente con la llegada del discurso radical y xenófobo propuesto por Donald Trump y sus seguidores, el juego que hace acumulando medidas antiinmigrantes (incluso en medio de la pandemia del coronavirus), prometiendo y aplicando vetos por razón de raza y origen, persiguiendo a inmigrantes y soñadores, apelando a la persecución de indocumentados y apostando por su deportación, negando el derecho internacional de asilo a refugiados.

Hay dudas sobre si, actualmente, una ley así podría ratificarse en Arizona. “Está para quedarse y creo que podría aprobarse de nuevo”, asegura el congresista republicano estatal John Kavanagh, que ya votó por la ley hace una década. “No volvería a pasar”, le responde Glenn Hamer, presidente de la Cámara de Comercio de Arizona, recordando el impacto económico que tuvo no sólo por la falta de mano de obra, sino por los llamados a boicots de productos del estado por la política antiinmigrante que imperaba.

Uno de los cambios más importantes, en relación con hace una década, es que las figuras más antiinmigrantes, como la propia Brewer o el denostado alguacil Joe Arpaio, ya no están en el poder; en gran parte gracias a la gran movilización activista y política de la comunidad latina. Una revolución que, quizá, es ahora mismo el efecto más palpable, 10 años más tarde, es la evolución política del estado.

La SB1070 energizó a activistas y comunidades, muchos de ellos que por entonces eran jóvenes y adolescentes que sufrieron las consecuencias privándoles de derechos, sintieron el miedo en sus adultos.

Ahora, con todo el poder político en sus manos, han decidido tomar las riendas.Es el caso, por ejemplo, del senador Quezada, que vio la aprobación de la SB1070 desde la tribuna del capitolio de Arizona: ese fue el llamado hacia el servicio público que, una década después, le ha colocado como uno de los demócratas más importantes del estado.

Arizona, otrora enclave republicano, es cada vez más púrpura, transicionando hacia el azul demócrata. Para muchos, incluso en este ciclo electoral podría estar en juego en las presidenciales. En 2016, la campaña de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton ya lo creía: se quedó a menos de 100 mil votos de la victoria, escasos 3.5%, pero los conservadores siguen con el control del Legislativo estatal por una mayoría que, de momento y con la retórica nacional, no hacen prever que haya ningún cambio. La propuesta de Quezada sigue desde enero en un cajón de dos comités de la cámara estatal de Arizona, acumulando polvo como todos los intentos anteriores para derogar de forma definitiva lo que queda de la polémica SB1070. Como todas las ocasiones anteriores, lo probable es que quede abandonada de nuevo, una sesión legislativa más, y la SB1070 siga vigente.

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