Reclaman esclarecer deceso de concejal

Caracas.— La comunidad internacional exigió ayer una investigación imparcial e independiente sobre la muerte de un concejal opositor que, de acuerdo con el gobierno venezolano, se suicidó en prisión, aunque sus copartidarios insisten en que fue asesinado.

Los países del Grupo de Lima, que incluyen a México, exigieron al gobierno de Nicolás Maduro “realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente, con aval internacional, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan”.

El grupo externó su “profunda preocupación” por el deceso de Fernando Albán, quien estaba encarcelado en las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia por su supuesta responsabilidad en el atentado fallido contra Maduro, del pasado 4 de agosto.

La fiscalía venezolana informó el lunes que el concejal supuestamente se suicidó lanzándose desde el décimo piso de un edificio policial cuando iba a ser trasladado a tribunales.

La convicción de que Albán fue asesinado prevaleció ayer durante su funeral, lo que llevó al Parlamento venezolano, bajo control opositor, a rechazar la versión oficial y pedir a la Naciones Unidas (ONU) que participe en una investigación independiente, pues responsabilizó al gobierno de Maduro del “homicidio”.

Cubierto con la bandera de Venezuela, el féretro del político de 52 años fue llevado al Capitolio Federal, sede de la Asamblea Nacional, donde recibió honores, y luego a la capilla de la Universidad Central de Venezuela para su velación.

Horas antes, tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Unión Europea reclamaron que se investigue la muerte. La portavoz del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos (ACNUDH), Ravina Shamdasani, dijo en Ginebra que el Estado de Venezuela tiene la obligación de garantizar la seguridad y la dignidad personal de los detenidos a su cuidado. Aparentemente, esto no se cumplió en el caso de Albán, añadió.

El gobierno de Estados Unidos también solicitó una pesquisa independiente sobre este deceso, señalando que “la tragedia resalta un patrón continuado de abusos de derechos humanos”.

La Arquidiócesis de Caracas, a cuya labor social estuvo vinculado el concejal, también planteó dudas sobre la versión del suicidio.