Miami.— El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Sin embargo, en materia de prevención, el continente americano enfrenta un fracaso: más de 100 mil personas murieron por suicidio en las Américas durante 2021 y la tasa regional aumentó 17% desde 2000, mientras descendía en las demás regiones que abarca la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La comparación continental más reciente es de 2021, aunque la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó nuevos análisis en 2025 y 2026. “El rezago estadístico forma parte de la crisis porque los gobiernos continúan reaccionando ante muertes ocurridas cuatro o cinco años antes”, señala a EL UNIVERSAL la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio (AFSP).
De acuerdo con la OPS, en 2021 murieron por suicidio 18 mil 157 personas de entre 10 y 24 años en el continente americano y el Caribe; la tasa de ese grupo aumentó 38% desde 2000. Tres de cada cuatro fallecidos eran varones y el crecimiento más acelerado ocurrió entre niñas y niños de 10 a 14 años. El nivel más elevado y el avance más rápido se registraron en América del Norte. Entre los adultos, 71% de las muertes masculinas y 65% de las femeninas correspondieron a personas mayores de 50 años. “Que la tasa de suicidio juvenil haya aumentado 38% en poco más de dos décadas es una llamada de atención que no debemos dejar pasar”, declaró el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, el 20 de mayo.

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De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el país registró 48 mil 824 muertes por suicidio en 2024 y las personas de 80 años o más presentaron la tasa más elevada; los hombres murieron a una tasa casi cuatro veces mayor que las mujeres. Canadá contabilizó cerca de 4 mil 750 muertes anuales entre 2020 y 2023 y su registro preliminar de 2024 es de 4 mil 394 casos, aunque todavía subestima el resultado final; las tasas más altas suelen encontrarse entre hombres de 45 a 64 años y mujeres de 20 a 24.
Entre 2021 y 2025 los adolescentes de 12 a 17 años mantuvieron la mayor proporción de visitas a urgencias por tentativas de suicidio, especialmente las mujeres, mientras esas consultas crecieron 15.2% entre personas de 55 a 64 años y 12.3% entre las de 65 o más.
Los CDC subrayan que las muertes por suicidio se deben a factores múltiples. El riesgo aumenta cuando la depresión, la desesperanza o el consumo de sustancias se combinan con violencia, pérdidas, deudas, desempleo, aislamiento, atención insuficiente y acceso inmediato a un medio letal.
La vulnerabilidad juvenil comienza con trastornos que aparecen a edades cada vez más tempranas y continúa en entornos donde un menor puede ser acosado durante meses sin que la escuela, la familia o el sistema sanitario coordinen una respuesta. La depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias, la violencia, la discriminación y las presiones sociales pueden acumularse hasta convertir una crisis en una emergencia. El ciberacoso y la exposición a contenidos perjudiciales amplían la duración y el alcance de la agresión, aunque no existe evidencia para culpar a los teléfonos o a las plataformas de la mayoría de los suicidios. La pandemia agravó la desconexión y suspendió rutinas y servicios, pero tampoco explica un crecimiento en las cifras de suicidio que se inició muchos años antes. El descenso de las visitas juveniles a urgencias entre 2021 y 2025 demuestra que una tendencia puede cambiar; el repunte observado entre 2024 y 2025 impide declarar resuelto el problema.
Una investigación de las universidades de Toronto y Laval reunió a 17 madres y padres de Ontario cuyos hijos, de entre 12 y 29 años, murieron por suicidio. Las familias denunciaron esperas prolongadas, criterios de ingreso restrictivos, evaluaciones incompletas, altas sin planes de seguridad, personal sin formación suficiente en la atención a los pacientes. “El hospital nos decía que había bajo riesgo de suicidio en nuestro hijo, pero la comunidad donde convivía nos alertaba que había demasiado riesgo”, dijo una de las madres.
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El estudio documenta una falla reconocible en todo el continente. “Entre la llamada de auxilio, la atención de urgencia y el inicio de un tratamiento continuo, muchas personas quedan sin acompañamiento profesional durante días o semanas, precisamente cuando el riesgo puede seguir siendo alto”, advierte la AFSP.
También existe desprotección para personas después de los 50 años. La depresión no es una consecuencia normal del envejecimiento, pero sigue siendo infradiagnosticada y tratada como tristeza comprensible.
Una investigación publicada en marzo por la Revista Panamericana de Salud Pública concluyó que las estrategias latinoamericanas continúan desatendiendo factores sociales y estructurales propios de la vejez. El edadismo aparece cuando un médico minimiza la desesperanza como “cosa de la edad”, cuando no pregunta directamente por pensamientos suicidas o cuando considera inevitable que una persona enferma pierda el deseo de vivir. Ello reduce el acceso, la calidad y la pertinencia de una atención que debería incluir salud mental, tratamiento del dolor, rehabilitación, apoyo económico y contacto social.
El doctor Edwin Boudreaux, profesor de Medicina de urgencias de la Facultad de Medicina Chan de la Universidad de Massachusetts, mencionó en septiembre de 2025 otro factor que suele no tomarse en cuenta en los casos de crisis de salud mental: el acceso a armas.
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Kelly Frost comprendió esa relación después de la muerte de su padre Jeffrey Butler, de 81 años, en una comunidad rural del norte de California. Butler había vivido durante meses con dolor y problemas físicos, necesitaba desplazarse durante una hora para llegar a un especialista y su familia no conseguía que el consultorio respondiera para continuar la atención. Había perdido peso, abandonado actividades que disfrutaba y reducido su contacto con otras personas. Frost intentó obtener ayuda médica, pero nunca consideró que las armas de su padre pudieran convertirse en un riesgo. “Si hubiera sabido que era capaz de esto, habría trabajado más para asegurar que las armas no estuvieran accesibles”, dijo en diciembre de 2025.
Un estudio realizado con especialistas de la OPS y el Centro de Adicciones y Salud Mental de Canadá proyectó que regular armas de fuego y pesticidas altamente peligrosos podría evitar más de 123 mil suicidios en el continente americano y el Caribe durante una década.
La OMS ha definido cuatro intervenciones centrales: limitar el acceso a medios letales, exigir una comunicación responsable sobre el suicidio, desarrollar habilidades socioemocionales entre los jóvenes e identificar, tratar y acompañar a quienes presentan riesgo o han realizado una tentativa de suicidio. La OPS lanzó en 2025 una iniciativa regional para fortalecer planes nacionales, capacitar trabajadores sanitarios, ampliar la atención comunitaria y reducir el estigma. Su capacidad consiste en orientar, formar y aportar evidencia; los presupuestos, las leyes y la ejecución continúan en manos de los gobiernos.
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Pero la distancia entre recomendación y realidad permanece abierta: la OMS informó en septiembre de 2025 que la salud mental recibía solamente 2% de los presupuestos sanitarios mundiales y menos de 10% de los países había completado la transición hacia una atención comunitaria. “La salud mental no es un asunto periférico, sino central para mejorar la salud, el bienestar y alcanzar la cobertura sanitaria universal”, declaró su director general, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Una encuesta realizada en 2025 entre responsables de 159 centros de salud en EU encontró que 71% se consideraba insuficientemente dotado de personal y 89% tenía dificultades para conseguir recursos destinados a contrataciones. El gobierno federal mantuvo la línea general, pero el 17 de julio de 2025 eliminó la opción especializada para jóvenes lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, queer y de otras diversidades del LGBTQ+, después de que el programa atendiera alrededor de 1.5 millones de contactos desde 2022. “La verdadera medida de una política de prevención no está en el número de anuncios ni de llamadas recibidas, sino en cuántas personas continúan vivas, atendidas y acompañadas después de pedir ayuda”, concluye la AFSP.
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