San José.— Una controversia política surgió este mes en Costa Rica por un plan del gobierno para crear una modalidad de detectives que persigan al coronavirus en las comunidades, adviertan sobre mujeres y hombres con síntomas y denuncien a enfermos que irrespeten las medidas obligatorias de aislamiento.
La oposición partidista rechazó la propuesta y adujo que remite a lo que ocurre en Cuba con los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), desplegados por el régimen comunista en todos los rincones de la isla para mantener una minuciosa vigilancia sobre los cubanos y sus más diversas actividades socioeconómicas.
El presidente de la (estatal) Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, anunció el pasado 7 de junio que “estamos identificando líderes comunales que trabajen como un tipo de detective dentro de la comunidad, que nos alerten qué miembros de esa comunidad requieren de atención de la salud”.
El objetivo es que informen sobre “quiénes están mostrando síntomas, dónde hay, por ejemplo, una persona o un adulto mayor o alguien que tiene antecedentes de otra enfermedad que lo hace un riesgo que deberíamos de estar visitando”, añadió.
Los asistentes técnicos en centros de salud en barriadas tienen “gran contacto” con la población y “con estos líderes comunales para ir a encontrar los casos que hay que abordar, y también que nos llegue información más oportuna de personas que están incumpliendo el aislamiento obligatorio en el que debería de estar”, explicó.
En respuesta a los cuestionamientos, Macaya justificó la vigilancia epidemiológica, argumentó que Costa Rica es “una democracia insigne” y aclaró que la CCSS “no es un ente policial, es un ente asistencial.
“No es que vamos a buscar entes desconocidos que van a ser como policías de la sociedad, son personas que ya tienen un liderazgo”, subrayó.
El presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Eduardo Cruickshank, del opositor Partido Restauración Nacional, previno del peligro de que el proyecto se preste “para abusos”. El mecanismo “no es propio de un país democrático como el nuestro”, porque las autoridades sanitarias “se extralimitan y podrían poner en riesgo la libertad de los costarricenses”, dijo.
“Esta acción anunciada por la Caja es desacertada”, alegó, al recordar que “no ha sido buena la experiencia de otros países de tener ciudadanos que se convierten en informantes y vigilantes de sus vecinos; es un tema muy delicado, en el que el país no se puede aventurar”.
“Es irresponsable”, acusó el diputado Pedro Muñoz, del opositor Partido Unidad Socialcristiana. “El gobierno ahora nos viene a decir que vamos a controlar la pandemia a puro ojo, examinándonos los unos a los otros. Me parece que esto es ridículo”, insistió.
El diputado Luis Carranza, del oficialista Partido Acción Ciudadana, apoyó la sugerencia de Macaya y reprochó que sus enemigos “han querido satanizarla”.”Quienes quieren satanizarla, pienso yo, son los que hacen las cosas mal”, indicó.
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