San José

.- Los siete expresidentes costarricenses solicitaron este jueves a la Asamblea Legislativa (Congreso unicameral) de este país que conceda la “Ciudadanía de Honor de Costa Rica” al escritor, abogado, periodista e historiador nicaragüense Sergio Ramírez Mercado como víctima de la intensa persecución política “de la dictadura que hoy somete a Nicaragua ”.

La solicitud fue suscrita por los ex presidentes Óscar Arias Sánchez (1986—1990 y 2006—2010), Rafael Ángel Calderón (1990—1994), José María Figueres Olsen (1994—1998), Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998—2002), Abel Pacheco de la Espriella (2002—2006), Laura Chinchilla Miranda (2010—2014) y Luis Guillermo Solís Rivera (2014—2018).

Controlada por el presidente de Nicaragua , Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, la Fiscalía General de esa nación ordenó el pasado 8 de septiembre la captura de Ramírez por “actos que fomentan e incitan al odio y la violencia” y por recibir dinero de nicaragüenses que están acusados desde junio anterior por apropiación indebida, lavado de dinero, bienes y activos.

Temeroso de ser una nueva víctima de una indiscriminada e implacable ola de arrestos de casi 40 dirigentes opositores y periodistas nicaragüenses que Ortega Murillo lanzaron en junio pasado para arrasar y eliminar cualquier signo o destello de oposición, Ramírez logró salir de su país antes de la orden de arresto en su contra.

El laureado intelectual nicaragüense se refugió en Costa Rica y el 11 de este mes emprendió una gira por Europa para promocionar Tongolele no sabía bailar, su más reciente libro.

En una carta que remitieron este jueves a la Asamblea, los siete ex gobernantes recordaron que la “dictadura” de Ortega y Murillo “la emprendió en contra de uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos, Sergio Ramírez, quien hoy es víctima de amenazas, acusaciones acompañadas de órdenes de captura y persecución, lo cual le imposibilitará regresar a su patria”.

La “vida” de Ramírez “ha implicado una constante lucha por la defensa y por la promoción de la libertad, en todas sus formas: la libertad de expresión, la libertad cultural, las libertades políticas y civiles esenciales para la convivencia democrática, y el ejercicio de los derechos humanos”, argumentaron los ex gobernantes.

“Lamentablemente, en los últimos años, estudiantes, campesinos, jóvenes, mujeres, políticos, intelectuales, y trabajadores nicaragüenses, vienen sufriendo persecución y represión por parte de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, por el simple hecho de ejercer esas libertades a pensar, expresarse y discrepar”, recalcaron.

La petición planteó que la Asamblea “honre la lucha por la libertad” y declare a Ramírez como “Ciudadano de Honor de Costa Rica” y como “titular de la nacionalidad costarricense”, de acuerdo con los términos constitucionales de este país.

“Una vez más, al igual que lo hizo en (el) pasado cuando fue víctima de la dictadura de los Somoza, Sergio tendrá que trasladarse a vivir entre nosotros, en Costa Rica”, precisaron los ex mandatarios en la misiva, de la que tiene copia.

“Cuando la implacable persecución de la dictadura que somete a Nicaragua pretende de nuevo callar el verbo comprometido y libertador de Sergio Ramírez Mercado, consideramos que el mismo merece un reconocimiento a su lucha por la libertad, que es parte del espíritu que ha guiado al pueblo costarricense”, adujeron.

Ramírez

fue un estrecho aliado de Ortega a partir de la segunda mitad de la década de 1970. Ambos integraron una junta de gobierno que asumió el poder en Nicaragua en julio de 1979 tras el derrocamiento, en una cruenta lucha armada, de la dictadura dinástica de los Somoza, que gobernó desde 1934.

En los comicios de noviembre de 1984 y postulados por el ex guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Ortega ganó la presidencia y Ramírez la vicepresidencia y gobernaron de 1985 a 1990. Derrotados por la vía electoral en 1990, en lo que marcó el final de la revolución sandinista, ambos retornaron a la llanura política y rompieron en 1995 al fragmentarse el FSLN.

Ortega ganó las elecciones de 2006 y retornó en 2007 a la presidencia con su esposa como la mandamás del régimen, mientras que Ramírez se consolidó como uno de los más tenaces críticos del dúo gobernante. La pareja presidencial controla los poderes Legislativo, Judicial y Electoral y los aparatos militares y policiales.

Reelecto en los comicios de 2011 y, con Murillo en la vicepresidencia en 2016, Ortega podrá gobernar al menos hasta 2022, por lo que la redada de opositores de 2021 le permitió allanar el terreno para triunfar en las elecciones de noviembre próximo y mantenerse en el poder al menos hasta 2027.

La crisis nicaragüense recrudeció el 18 de abril de 2018 con el estallido de multitudinarias protestas antigubernamentales de repudio a un plan social y que detonó en un masivo reclamo de democracia y libertad y de acusaciones de dictadura dinástica en contra del presidente y la vicepresidenta.

Ortega y Murillo negaron las acusaciones y desataron una intensa represión que dejó más de 325 muertos, centenares de heridos y detenidos, provocó un éxodo al exterior de más de 60 mil nicaragüenses y dañó la institucionalidad y la socioeconomía.

En defensa de las detenciones que ordenó desde junio de 2021, Ortega alegó: “No estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos (presidenciales), aquí se está juzgando a criminales” por atentar contra el país.

Perseguido primero por los Somoza y ahora por los Ortega Murillo, Ramírez reafirmó en una entrevista que concedió el pasado 10 de septiembre a este diario que sueña con la democracia y la libertad de Nicaragua.

agv

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