Perú elige entre 35 candidatos; Fujimori, al frente
El país vivirá unos comicios generales en los que la inseguridad por el crimen organizado aparece como un gran desafío, mientras en la población reina la desconfianza por la corrupción
Perú elegirá entre 35 candidatos en las elecciones generales de hoy, en las que Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori, aparece como favorita en un país que ha tenido ocho presidentes en 10 años y en el que la inseguridad, por el crimen organizado, además de la minería ilegal, aparecen como los grandes desafíos para el siguiente presidente o presidenta, indican analistas. Tras los comicios también se conformará un Parlamento bicameral.
En la lista de mandatarios figuran varios presidentes interinos, como el actual octogenario José María Balcázar, quien asumió en febrero como sucesor del también interino José Jerí.
Un sondeo de Datum da a Keiko, de Fuerza Popular, 17.5% de votos válidos; con 11.7% sigue Ricardo Belmont (Obras); por debajo se ubica el cómico derechista Carlos Álvarez (País Para Todos), con 11.4%, y le sigue el ultraconservador, también exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con 10.2%, quien hasta hace pocos días lideraba la intención de voto en los sondeos.
Si ninguno obtiene la mitad más uno de los votos habrá una segunda vuelta el 7 de junio.
“Nuestro país necesita orden. Y eso ya lo hemos logrado” en los años 1990, declaró Keiko durante un reciente debate televisado. Promete “mano dura” contra el crimen y retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para implementar “jueces sin rostro” (encapuchados) que juzguen criminales.
Prometió expulsar a los migrantes indocumentados, atraer inversiones estadounidenses y extender la marea de gobiernos de derecha en Latinoamérica, durante una entrevista exclusiva con la AFP en víspera de las elecciones. Cerró filas con el gobierno de Estados Unidos y los líderes conservadores de Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia.
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Belmont adoptó la frase del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de “abrazos, no balazos”. El martes, en su cierre de campaña, declaró que “un hombre en su ley no amenaza, abraza. Nosotros queremos abrazos y no balazos”. Belmont también denunció el derroche de los gobernantes. López Aliaga propone enviar a los delincuentes a cárceles en zonas remotas de la Amazonía, mientras que Álvarez impulsa la pena de muerte contra sicarios.
Inestabilidad
En este contexto, la inseguridad es una gran preocupación en Perú. Los homicidios anuales pasaron de mil en 2018 a 2 mil 600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión se dispararon de 3 mil 200 a más de 26 mil 500 en el mismo periodo, según datos de la policía.
En un artículo de InSight Crime, de Henry Shuldiner y Alex Papadovassilakis, afirman que “la incapacidad crónica del país para formar un gobierno estable ha dejado a las instituciones peruanas debilitadas frente a una preocupante expansión de grupos criminales”. Agregan que “el crimen organizado no ha capturado el Estado mediante coerción o violencia, sino que ha sabido aprovechar el vacío dejado por una presidencia inestable”.
Indican que “Perú se encuentra atrapado en una espiral descendente en la que los grupos criminales, enfrentando una resistencia mínima, han expandido sus operaciones y utilizado sus ganancias para sobornar a funcionarios del Estado, debilitando aún más unas instituciones ya frágiles”.
Margarita R. Seminario, asociada sénior (no residente) del Programa para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, añade que las elecciones en suelo peruano se “desarrollan en un contexto de inestabilidad, polarización y una fragmentación de candidatos”. Seminario recuerda que “un estudio de Ipsos de diciembre de 2025 reveló que la principal preocupación del electorado peruano es la seguridad y los efectos del crimen organizado. También pone de relieve su impacto en el sector empresarial, vinculando la inseguridad con el aumento de los costos debido, por ejemplo, a la violencia y las extorsiones”.
La socióloga Patricia Zárate, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, dice a la AFP que los electores “piensan que la política está no sólo asociada a la corrupción, sino también al crimen organizado”, y esperan “más de lo mismo”.
En específico “el deterioro de la gobernanza en Perú ha permitido la expansión de la minería ilegal de oro”, dice Martin Cassinelli, nacido en Perú, quien es subdirector del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council.
Añade que “además de ser un importante problema ambiental, la minería ilegal se ha convertido en un mecanismo clave para que las organizaciones criminales transnacionales laven ganancias ilícitas a través de cadenas de suministro formales, generando altos rendimientos con un riesgo relativamente bajo”.
El Congreso y la minería ilegal
Perú volverá a tener un Parlamento con dos cámaras (Senado y Congreso), después de que el actual Legislativo aprobara una reforma en la Constitución en contradicción con el referéndum celebrado en 2018, donde el ‘No’ ciudadano a esta cuestión se impuso con un 90.5% de votos válidos.
El candidato y comediante Álvarez ha declarado que “hoy por hoy, la minería ilegal conforma los dos tercios de todos los delitos del Perú. Es increíble que la minería ilegal hoy día haya incluso sobrepasado al narcotráfico. Todos lo sabemos. Hoy tenemos que tomar medidas sobre ese punto”. “Se dice y se comenta que están financiando a muchos candidatos al Parlamento y también a la presidencia. Bueno, ojalá no sea así y no estén hipotecados algunos a este tipo de financiamientos”, ha declarado.
Shuldiner y Papadovassilakis escriben en InSight Crime que “casi todos los legisladores enfrentan investigaciones, y algunos acumulan múltiples procesos. El Congreso también ha aprobado varias leyes cuestionables que parecen favorecer actividades criminales, y ha respaldado firmemente un programa que facilita la minería de oro ilegal”.
“Uno de los cambios estructurales más profundos fue la aprobación de una ley por parte del Congreso que traslada la competencia de las investigaciones penales preliminares de la fiscalía a la policía”, recuerdan en su artículo. “Cuando el Congreso reformaba algunas de estas instituciones, era evidente que se estaba alineando con grupos criminales”, afirmó Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL). “Básicamente estaban legislando para los grupos criminales”, agregó.
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Shuldiner y Papadovassilakis recuerdan que un “programa, conocido como Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), otorga a los solicitantes protección legal temporal frente a procesos por minería ilegal mientras avanzan hacia el cumplimiento de normas ambientales, de seguridad y tributarias”. “Según una investigación del medio peruano Fauna Electoral, al menos 55 candidatos al Congreso en las elecciones de abril han sido vinculados al Reinfo”, añaden.
“Aproximadamente 90% de los peruanos desaprueba al Congreso, y datos recientes de Latinobarómetro muestran el nivel más alto de insatisfacción con la democracia desde que comenzó la encuesta en 1995: 50% está ‘poco satisfecho’ y 37% está ‘nada satisfecho’. El resultado es un panorama político fragmentado en el que ningún candidato cuenta con un apoyo significativo y donde la propia gobernabilidad se ha vuelto cada vez más frágil”, dice Cassinelli.
“Yo no voy a votar por nadie de los que están ahora en el gobierno, eso sí lo tengo bien claro”, dice Nancy Chuqui, comerciante de 56 años. “Con tanta corrupción, los peruanos hemos perdido la confianza. Ahora se presenta cualquiera”, dice a la AFP Jane Layza, maestra de 51 años. Para el politólogo Eduardo Dargent, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, “un electorado fragmentado, sin fidelidad partidaria” decidirá su voto “con poca información”, porque hay tantos aspirantes que no hay forma de conocerlos a todos.
Con información de AFP
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