Ciudad del Vaticano.— El papa Francisco reveló ayer normas más estrictas que obligan a los sacerdotes y religiosos señalar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso.

Todas las diócesis del mundo deberán tener un sistema que sea accesible al público para presentar informes sobre las denuncias de potenciales casos de abusos sexuales, los cuales serán examinados en un plazo de 90 días, aunque “el secreto confesional sigue siendo absoluto e inviolable”.

En el nuevo Motu Proprio de Francisco se indica que “los crímenes de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, sicológicos y espirituales a las víctimas y dañan a la comunidad de los fieles”, y menciona la responsabilidad especial del clero en la prevención de estos crímenes.

En el documento se establecen nuevas normas de procedimiento para combatir los abusos sexuales y asegurar que los obispos y los superiores religiosos rindan cuenta de su trabajo. “Es una normativa universal, que se aplica a toda la Iglesia católica”, enfatiza.

Eleva a 18 desde 16 años la edad adulta en casos de abuso sexual. También cubre la posesión de pornografía infantil.

Otra novedad es la obligación de todos los clérigos, religiosos y religiosas, de “informar con prontitud” a la autoridad eclesiástica de todas las denuncias de abusos de las que tengan conocimiento, así como de las omisiones y encubrimiento en la gestión de los casos de abusos.

El Vaticano explica que si hasta ahora esta obligación se refería, en cierto sentido, sólo a la conciencia individual, a partir de ahora se convierte en un precepto legal universalmente establecido.

Las normas nuevas prevén que las conferencias episcopales y las diócesis puedan preparar listas de personas cualificadas dispuestas a colaborar, pero la responsabilidad última de las investigaciones recae en el Metropolitano. Dice que los funcionarios locales de la Iglesia no pueden ordenar a los que denuncian el abuso que permanezcan en silencio y que los obispos de mayor jerarquía deberían tomar disposiciones para evitar que los subordinados destruyan los documentos, si es necesario.

Tachan de fraude las normas. El italiano Francesco Zanardi, presidente de la Red de Víctimas del país y miembro de la asociación internacional Ending Clergy Abuse (ECA), calificó de “fraude” el compendio de reglas del Papa.

A su juicio, para poner en práctica la “verdadera” tolerancia cero contra los sacerdotes que abusan es necesario poner bajo la autoridad judicial no sólo a los sacerdotes que han cometido estos crímenes, sino también a los que han encubierto estos casos. Además, señaló que el hecho de que la Iglesia reduzca un sacerdote al estado laical “no resuelve el problema”.

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