Ortega acosa a activistas en día de los derechos

San José.— Unidades policiales y paramilitares antimotines del gobierno de Nicaragua desplegaron ayer un cerco de seguridad en Managua, para impedir que organizaciones no estatales conmemoraran el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El recuerdo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que celebra la aprobación de la Declaración en 1948 por la Organización de Naciones Unidas, quedó minimizado en Nicaragua luego de que el gobierno prohibió realizar actos públicos, pero evidenció la grave situación de derechos humanos en ese país, según grupos especializados.

“En Nicaragua nos han privado de celebrar nuestros derechos humanos”, denunció Carla Romero, vocera de la (no estatal) Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que opera en la capital y en otras partes de ese país.

“Nos han quitado el derecho a ser libres, a informar, a la vida. Aquí ya no podemos celebrar los derechos humanos”, dijo Romero a EL UNIVERSAL tras confirmar que tres patrullas antimotines fueron enviadas a los alrededores de la CPDH desde las 07:00 horas locales (mismo tiempo del centro de México).

Vilma Núñez, directora del (no estatal) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), narró el asedio a esa institución. “En los retenes que le han puesto al CENIDH hay ocho patrullas llenas de antimotines y obstaculización incluso a los miembros del CENIDH que pretenden dirigirse a las oficinas”, contó.

La CPDH, el CENIDH y la (no estatal) Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) son blanco del oficialismo porque, tras el estallido de una aguda crisis política en ese país el pasado 18 de abril, acusaron al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de una represión indiscriminada contra marchas opositoras que exigen democracia y libertad y denuncian al gobierno como aparato dinástico dictatorial.

La jerarquía de ANPDH huyó al exilio a Costa Rica por la represión, con un saldo de al menos 327 muertos que, según esas organizaciones, en su mayoría fueron víctimas de la represión gubernamental.

El gobierno nicaragüense eludió referirse a las denuncias de acoso policial y paramilitar.