ONU pide revisar cadena perpetua a menores en El Salvador; Bukele defiende reforma por combate a pandillas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió este martes a El Salvador revisar la cadena perpetua aprobada para menores que cometan asesinatos, violaciones o participen en "terrorismo", al considerar que vulnera los derechos de la niñez.

El Congreso salvadoreño, controlado por el oficialismo, modificó la ley penal juvenil para aplicar ese castigo a los menores de 18 años, como parte de un endurecimiento de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele.

"Instamos a las autoridades de El Salvador a revisar con prontitud los preocupantes cambios constitucionales y legales (...) que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos, dijo en un comunicado Marta Hurtado, portavoz de la OACNUDH.

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Hurtado recordó que, tras esos cambios, los casos de menores condenados a cadena perpetua serán "revisados únicamente cuando hayan cumplido 25 años de detención", lo que que "contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño" que exige priorizar "su rehabilitación y reintegración".

Bukele respondió a la funcionaria en la red social X que recomendaciones similares de Naciones Unidas provocaron que las pandillas reclutaran a jóvenes con una ley "que prácticamente daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años".

El pasado de 17 de marzo, por propuesta de Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó como pena máxima -anteriormente de 60 años- la prisión perpetua para adultos "asesinos, violadores o terroristas", y luego incluyó a los menores de edad.

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El Comité de los Derechos del Niño y UNICEF señalaron el viernes que la reforma es contraria a los "principios consagrados" en la Convención, de la que El Salvador es parte, y advirtieron que la detención es "perjudicial para los adolescentes" y altamente costosa e ineficaz para prevenir el delito.

La política de seguridad de Bukele redujo a mínimos históricos los homicidios en el país, pero es criticada por organizaciones de derechos humanos y juristas que señalan "crímenes de lesa humanidad" en esa ofensiva.

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