Washington.— El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) inició ayer el proceso para aplicar la Carta Democrática contra Nicaragua, mecanismo que puede implicar su suspensión del organismo, tras la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que el gobierno de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad.

“Nos vemos obligados a empezar la aplicación de Carta Democrática Interamericana”, dijo Almagro, pues “la lógica de la dictadura está definitivamente instalada” en Nicaragua.

El secretario general se expresó en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada por Argentina, Canadá, Chile, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos.

La Carta Democrática de la OEA se aplica cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático y puede desembocar en la suspensión de un miembro.

Su artículo 20 faculta al secretario general o cualquier país miembro a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación. Si la Asamblea General, convocada para un periodo extraordinario de sesiones, constata que se ha producido la ruptura del orden democrático en uno de sus miembros y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, puede decidir su suspensión de la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los integrantes.

Durante la sesión de este jueves, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, llamó a “los Estados miembros de la OEA a rechazar las violaciones a los derechos humanos, los actos de represión contra la población nicaragüense y considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país”.

La comisionada presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH y en el que se señala que existen pruebas para argumentar que el gobierno del presidente nicaragüense ha incurrido en delitos de lesa humanidad.

“La evidencia disponible sobre la crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua imponen un llamado a la comunidad internacional a actuar del modo más enérgico, especialmente a los países de la nuestra región”, consíderó.

Nicaragua está inmersa en una crisis desde el estallido el 18 de abril de protestas que buscan la renuncia de Ortega y que han dejado centenares de muertos.

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