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Quito.— El asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, enluta la campaña de las elecciones generales extraordinarias de Ecuador, marcadas por la crisis de inseguridad que también se ha llevado en los últimos meses la vida de políticos, autoridades y ciudadanos.
Intriago —quien se reeligió en febrero— fue asesinado el domingo mientras realizaba un recorrido de obras. La policía informó que el alcalde tenía protección debido a amenazas que había recibido.
Por el caso se detuvo a un ciudadano venezolano que conducía el vehículo usado para el ataque, en el que también falleció una futbolista.
El caso de Intriago se suma al atentado contra el alcalde de Durán, Luis Chonillo, en mayo pasado y a asesinatos ocurridos en los últimos meses, entre ellos el del candidato a legislador Rider Sánchez, hace pocos días en Esmeraldas, provincia de la costa norte del país.
Además del asesinato del alcalde, el fin de semana se registraron enfrentamientos entre reos en el Centro de Rehabilitación Social Guayas número 1, en la ciudad de Guayaquil, que dejaron al menos seis muertos y 11 heridos.
Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes infractores (SNAI), unos 90 agentes penitenciarios están retenidos por presos en cinco cárceles.
El organismo agregó que los guardias se encuentran en “buen estado”. Además, señaló que reclusos de 13 de las 35 cárceles del país se declararon en huelga de hambre en centros de varias provincias.
Autoridades “impulsan el diálogo con los voceros de los centros penitenciarios para conocer los motivos de las medidas”, anotó el SNAI.
Decretan estado de excepción
El presidente Guillermo La-sso, declaró ayer en estado de excepción la ciudad de Durán y las provincias de El Oro y Manabí, donde fue asesinado a tiros Agustín Intriago.
“Este estado de excepción entrará en vigencia de inmediato y dentro de los artículos del decreto consta el toque de queda desde las 10 de la noche (03:00 GMT) hasta las cinco de la mañana (10:00 GMT)”, dijo Lasso.
La medida se aplicará por 60 días debido a la “grave conmoción interna” y permite al gobierno movilizar patrullajes de la policía y las Fuerzas Armadas.
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