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Militarizar política migratoria de México lleva al racismo, secuestros y corrupción, advierte Fundación

La práctica establecida por el gobierno de México carece de enfoque de derechos humanos; los miembros de la Guardia Nacional no actúan como garantes de derechos sino como agente de contención, advierte Fundación para la Justicia

Militarizar política migratoria de México lleva al racismo, secuestros y corrupción, advierte Fundación
Foto: AFP
Mundo 24/05/2022 12:06 José Meléndez, corresponsal Actualizada 12:06
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San José. – El gobierno de México optó por ejecutar “una política migratoria sin enfoque de derechos humanos” con el despliegue de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares con elementos que “no actúan como garantes de derechos, sino como agentes de contención y deportación o incluso como generadores de riesgos para las personas migrantes y sus familias” y que actúan con criterios racistas, de género y de etnia.

La advertencia está contenida en “Bajo la Bota”, un informe que la (no estatal) Fundación para la Justicia, de México, dio a conocer esta mañana y cuyas conclusiones o hallazgos principales fueron adelantadas a EL UNIVERSAL. Por el momento se carece de una reacción del gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a las denuncias señaladas en el documento, del que este diario tiene copia.

“México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos, haciendo uso de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aun cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional de los derechos humanos”, agregó el estudio.

“La participación de la Guardia Nacional es una de las principales herencias institucionales de las presiones de la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que México asumiera un papel más contundente en la contención de los flujos migratorios con destino a Estados Unidos de América, aun en contravención a la ‘tradición de asilo’ de ambas naciones”, añadió.

Creada en 2019 y de germen castrense, la Guardia se transformó en una fuerza para detener en México a las incesantes corrientes de migrantes irregulares guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, cubanos, haitianos, africanos y asiáticos por la presión de Trump, bajo la amenaza que el entonces gobernante estadounidense lanzó a mediados de ese año de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, “la política migratoria militarizada (en México) ha profundizado los contextos de riesgo de las personas migrantes, especialmente de quienes están en mayor vulnerabilidad social por razones de género”, raza y etnia.

Verificación

La Fundación puntualizó que la militarización experimentada por la política migratoria mexicana “es verificable” a partir de los tres siguientes factores:

++ La intervención de la Guardia Nacional en la ejecución de la política migratoria con fundamento en la ley que regula a esta corporación y que excede a la Ley de la Policía Federal, que fue suprimida con la creación de la propia Guardia Nacional.

++ La asunción del control migratorio por parte de las Fuerzas Armadas, incluyendo el incremento del despliegue de elementos castrenses en cruces fronterizos.

++ La colocación de militares y exmilitares en puestos clave del Instituto Nacional de Migración.

 Según la Fundación, la militarización de la política migratoria “obliga a las personas migrantes a viajar por rutas clandestinas que les hacen vulnerables a múltiples riesgos, que incluyen muertes, desapariciones forzadas, secuestros, corrupción, discriminación racial y étnica, tráfico y trata de personas, abuso de autoridad, situaciones climáticas extremas, accidentes en tren, marítimos y carreteros, entre otros”.

“La Guardia Nacional perpetra detenciones arbitrarias basadas en perfilamiento racial y participa en la expulsión colectiva de personas migrantes y solicitantes de asilo hacia los puntos fronterizos en el sur de México” y participa “en expulsiones colectivas de personas migrantes, al escoltarles fuera y dentro de los autobuses en los que son trasladadas”, indicó.

“Estas expulsiones colectivas se realizan sin evaluaciones previas e individualizadas, lo que constituye una violación al derecho internacional, pues contraviene el derecho al asilo, el derecho al debido proceso en los procedimientos de solicitud de asilo, el principio de no devolución, la prohibición de expulsiones colectivas, y el derecho a la protección judicial”, subrayó.

También denunció que, en Tijuana, Baja California, y Tapachula, Chiapas, fueron documentadas situaciones “de personas migrantes afrodescendientes y africanas que con frecuencia fueron víctimas de detenciones arbitrarias, a través del uso de perfiles raciales, las cuales se suman a un contexto de narrativas xenofóbicas y otras formas de discriminación”. 

“Las mujeres afrodescendientes, indígenas, provenientes de entornos de extrema pobreza son víctimas de discriminación (…), derivada de abusos que involucran aspectos étnico-raciales, de género y de clase. La Guardia Nacional, junto al Instituto Nacional de Migración, ha hecho uso excesivo de la fuerza contra grupos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, así como otras personas en situación de vulnerabilidad”, reveló.

Al destacar que el despliegue de miembros de la Guardia Nacional “con formación y perfil militarizado, genera un escenario de riesgos múltiples y propicio para la violación del derecho de las mujeres y niñas migrantes a una vida libre de violencia”, reiteró que la militarización de la política migratoria y la presencia de militares en tareas de vigilancia y revisión migratoria en aeropuertos y otras zonas de control migratorio.

Esta práctica “representa una amenaza para los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia”, reafirmó.

“La situación puede acrecentarse por la mencionada decisión del gobierno de ceder el control de labores que incluyen la inspección de personas y sus equipajes a elementos que no cuentan siquiera con capacitación policial y tampoco nociones básicas sobre violencia de género”, indicó.

“En los testimonios recolectados para este informe, se evidencia que las mujeres migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas en su tránsito por México han sido víctimas de prácticas de violencia sexual imbricada con el racismo anti-negro, cometidas por elementos de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares y policiales”, sentenció.
Entre otras recomendaciones, el estudio pidió “cesar con prontitud la respuesta militarizada a la migración y otras formas de movilidad humana”.

También instó a que en las leyes se prohíba y se impida en la práctica “que personal militar —incluyendo sus Fuerzas Armadas regulares y la Guardia Nacional o cualquier otra fuerza de formación o perfil castrense— realice funciones de vigilancia, revisión y contención migratoria. Las fuerzas militares no deben participar en tareas migratorias”.

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agv

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