Llueven críticas a Daniel Ortega por cierre de escuela de negocios en Nicaragua

San José. Organizaciones y dirigentes opositores nicaragüenses condenaron y rechazaron este lunes el cierre y la confiscación de la escuela de negocios Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), en Managua, por parte del gobierno que preside Daniel Ortega.

"Cerrado el INCAE y confiscadas sus instalaciones. La consigna de los Ortega Murillo es muerte a la educación", manifestó la histórica exguerrillera Dora María Téllez en su cuenta en la red social X (antes Twitter)

"Entre menos educado el pueblo nicaragüense, mejor para ellos. Su única oferta para Nicaragua es arrasar con todo. Incapaces y temerosos", dijo la exguerrillera sandinista disidente, excarcelada y expulsada a Estados Unidos en febrero pasado.

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El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este lunes la escuela de negocios y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles bajo el argumento de que incumplió con las leyes que lo regulan.

El INCAE, inscrito ante el Ministerio de Gobernación desde el 1 de enero de 2009, fue disuelto por estar "en incumplimiento con sus obligaciones" ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro de esa cartera, según el Acuerdo Ministerial número 106-2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Este cierre y confiscación del INCAE fue criticado también por el dirigente opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro.

"La dictadura le pasa la factura al INCAE por su papel en la segunda mesa de la negociación y también por haber protegido a los estudiantes" que se manifestaron contra el Ejecutivo a partir de abril de 2018, afirmó Chamorro.

La sede del INCAE en Nicaragua, ubicado en las afueras de Managua, acogió en 2019 una fallida mesa de negociación con la que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018, en la que participó el Vaticano y la Secretaría General de la OEA.

Chamorro calificó la cancelación y de esa escuela de negocios, fundada en 1964, como "una barbaridad, un abuso más de la dictadura, una barbarie que se hayan robado el INCAE".

El disidente sandinista desnacionalizado y exiliado en Costa Rica, Enrique Saenz, expresó por su parte que Ortega ha demostrado ser "enemigo del conocimiento" tras clausurar no solo el INCAE, "una de las instituciones de mayor prestigio en América Latina", sino a cerca de 30 universidades privadas, como la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

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Denuncian "voracidad confiscatoria"

"La voracidad confiscatoria de los Ortega ahora llegó al INCAE, como antes lo hizo con la UCA y otras universidades", señaló, a su vez, el también dirigente opositor excarcelado y desnacionalizado Félix Maradiaga, a través de un audio que envió a los medios.

Ortega, según señala Maradiaga, está "empecinado en que no quede ningún espacio educativo que no esté alineado con su propaganda", pues, en su opinión, considera "a las universidades como espacios intelectuales críticos y quiere eliminar cualquier vivero del pensamiento libre".

En tanto, el exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Arturo McFields consideró que "al confiscar el INCAE, la dictadura quiere matar el sueño del presidente (John F.) Kennedy -uno de los promotores de crear esa escuela de negocios- y destruir la educación de calidad en Nicaragua y Centroamérica".

También condenaron el cierre del INCAE un grupo de organismos opositores nicaragüenses en el exilio, y alertaron que "este acto, que atenta contra la libertad académica y los derechos de propiedad, es un claro ejemplo de la creciente represión y autoritarismo que el régimen de Nicaragua ha impuesto sobre sus ciudadanos y la sociedad civil".

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega logró la reelección para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

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