Keiko Fujimori, presa por presunto lavado y corrupción

San José.— Una semana después de que el ex presidente peruano Alberto Fujimori perdió un indulto que recibió por problemas de salud y quedó expuesto a volver a prisión, su hija, Keiko, fue encarcelada ayer por 10 días como presunta jefa de un aparato criminal de blanqueo de dinero, en un escándalo que estremece a Perú por corrupción política conocido como “Caso Cocteles” y ligado a la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

A petición de la Fiscalía de Lavado de Activos, el juez Richard Concepción, jerarca del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, de Lima, ordenó una prisión provisional de 10 días por riesgo de fuga para la hija del ex mandatario por supuesto blanqueo de capitales al organizar cocteles para recaudar fondos en su campaña de 2011 por la presidencia de Perú.

De 43 años y lideresa del opositor partido Fuerza Popular, el principal de Perú, la mayor de los hijos —dos mujeres y dos hombres— del ex gobernante fue enviada luego a una sede policial en la capital peruana.

“Me han detenido sin fundamentos jurídicos en el momento en que voluntariamente me presenté ante la fiscalía. La persecución se ha disfrazado de justicia en nuestro país”, publicó la ahora prisionera en su cuenta de Twitter, al recordar que “me han perseguido 18 años y nunca han mostrado una prueba, y así sin pruebas en mi contra estoy privada de mi libertad, con la frente en alto y el espíritu de lucha intacto”.

“Ya la semana pasada anularon abusivamente el indulto humanitario de mi padre, y ahora a mí y a otros fujimoristas nos detienen. Eso se llama persecución política”, denunció, al referirse a que Concepción también pidió detener a 19 dirigentes del fujimorismo por presunto lavado de dinero. Al menos de los tres implicados en el mismo caso dejaron Perú en los últimos días.

La abogada peruana Giuliana Loza, defensora de la poderosa dirigente, alegó que la detención “es una medida arbitraria y abusiva porque no tiene sustento alguno”. Tras aducir que “el único argumento que se le expone” es como presidenta de Fuerza Popular en la campaña de 2011, Loza dijo a Radio Programas de Perú (RPP) que “en ningún momento Keiko Fujimori ha dado motivo para que se pueda dictar una medida de detención preliminar”.

El arresto significó un nuevo golpe para la familia Fujimori. “Es otro momento triste y duro en una semana”, escribió Kenji, hijo del ex jefe de Estado, congresista suspendido y distanciado de su hermana, en un mensaje en Twitter. “Duro para la familia. Apenas me enteré de la noticia estuve al lado de mi mamá [la ex congresista Susana Higuchi] y después con mi papá. Lamento profundamente la situación que atraviesa mi hermana y su familia”, agregó.

La Corte Suprema de Justicia de Perú anuló el 3 de octubre pasado un indulto humanitario por razones de salud que el 24 de diciembre de 2017 se otorgó a Alberto Fujimori.

De 80 años y recluido en un centro médico limeño, el ex gobernante retornaría en cualquier momento a una prisión en su país a cumplir una condena de 25 años que se le impuso en 2009 tras su detención en 2007, por matanzas y violaciones a los derechos humanos en su gobierno, de 1990 a 2000.

Los cargos contra la ex candidata presidencial se relacionan a donativos por más de un millón 200 mil dólares para su campaña de 2011 entregados por Odebrecht, que está hace varios años en el centro de un escándalo de presunta corrupción por desembolsar grandes cantidades de dinero a gobernantes y políticos en al menos 10 países de América Latina y el Caribe, a cambio de obtener millonarios contratos estatales.